“Pago que se efectúa como derecho para poder circular por algún sitio”. Esa es la definición básica de peaje. Los hay “cerrados”, “abiertos”, “anuales” y uno que se llama “en la sombra”. Consiste en que alguien hace una obra costosa para la que la Administración no tiene presupuesto y, a cambio, cobra lo que otros pagan por usarlo. En general evita el endeudamiento público a corto plazo, pero casi siempre supone una quiebra económica a medio plazo. Tenemos ejemplos recientes que sostienen esta teoría. Y, lógicamente, quienes pagan son los contribuyentes.
En el caso del acuerdo PSOE-Podemos, el peaje lo vamos a pagar todos los ciudadanos: ya hemos empezado a hacerlo tirando a la basura el coste de unas nuevas elecciones -más de 160 millones de euros- que, cuarenta y ocho horas después se ha demostrado que eran innecesarias. Pero eso es poco comparado con lo que viene. Por los votos de Podemos que ha comprado Sánchez, vamos a pagar un precio muy alto -una vicepresidencia, varios Ministerios, la gestión de miles de millones en manos de una izquierda radical y sectaria-. Pero es solo el principio. Cada voto del PRC, de Teruel Existe, Coalición Canaria-Nueva Canarias, el BNG, etc. nos costarán cientos de millones de euros en compromisos presupuestarios. Los del PNV -uno menos, al perder finalmente un escaño a favor del PP- costarán, como mínimo, el doble y otro compromiso político: dejarles el campo libre y otras concesiones políticas. Y los de ERC, si finalmente logra su abstención, son imposibles de valorar. De momento ya han pedido la vuelta a las negociaciones de igual a igual y con un “relator” independiente.
Eso es solo el comienzo. La investidura es sólo un trámite para poder nombrar a un Gobierno que, a continuación, empezará a nombrar secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, asesores, directivos de las empresas públicas para cuatro años… o para unos meses. Miles de cargos en los que también Podemos tendrá su cuota. Nadie exigirá a esos miles de cargos ni experiencia de gestión ni conocimientos suficientes para hacerse cargo de puestos de gran responsabilidad. Bastará su adhesión incondicional al partido antes y, sobre todo, mientras dure la prebenda. Los ciudadanos pagaremos ese peaje.
Cuando esté formado el Gobierno, habrá que ponerse a negociar unos Presupuestos Generales del Estado. Y todos los citados anteriormente volverán a exigir qué hay de lo suyo. Millones. Y Podemos pedirá -no lo oculta- aumento del gasto público y subida de impuestos. Sin cuentas no hay cuentos. Y eso lo pagaremos nosotros. Sánchez no se podrá negar a nada porque su Gobierno es el más frágil de la democracia y cualquier pérdida puede suponer una derrota que nos vuelva a llevar a las urnas. Y no podrá afrontar ninguna reforma de calado como las que necesita España porque para eso hacen falta mayorías sólidas y Sánchez ha roto todos los puentes con los partidos constitucionalistas.
El acuerdo es una pura declaración de intenciones. Aire hasta después de la investidura. No ha habido consulta a las bases -Iglesias lo reserva para asuntos “importantes de verdad” como su chalé-, vamos a tener un Gobierno que gobernará para media España y excluirá al resto. Nos vamos a acordar no ya de Rajoy, sino de Zapatero. Tiempo al tiempo. Y no mucho.
