Decía Winston Churchill que un fanático era alguien que ni cambia de opinión ni quiere cambiar de tema. Lo estamos viendo de manera reiterada y extenuante en las entrevistas o debates en las que participan los dirigentes independentistas catalanes. Todo su mundo es obsesivo y circular; gira alrededor de la quimera política separatista construida tras años de ingeniería escolar y complicidades mediáticas.
Al relato de lo que ocurre en Cataluña —un relato hemipléjico porque omite la opinión de los catalanes que quieres seguir formando parte de España— se ha unido la violencia. Desde que se publicó la sentencia contra los políticos condenados por sedición, la vida cotidiana en Barcelona y en las restantes capitales del Principado ha entrado en una fase de anormalidad sostenida. Con la condescendencia de las autoridades autonómicas, grupos organizados se enfrentan con inusitada violencia a la policía, cortan calles y carreteras, bloquean trenes, incendian mobiliario urbano e interrumpen las clases en la Universidad impidiendo la entrada a los alumnos que no secundan su boicot. Hemos visto como apenas un centenar de estudiantes llevan días acampando en una de las avenidas más céntricas de Barcelona interrumpiendo el tráfico y ahí siguen sin que ni la Guardia Urbana (Ayuntamiento) o los Mossos de Esquadra (Generalitat) hayan intervenido.
En ningún otro lugar del mundo civilizado podría suceder algo así sin la correspondiente intervención de la policía. Pero está pasando en Barcelona y los fanáticos se crecen al ver que pueden actuar con impunidad. Impunidad que les ha llevado a amenazar con boicotear la jornada electoral del próximo 10 de Noviembre mediante un procedimiento que ya ensayaron en el referéndum ilegal de octubre de 2017: violentando la entrada de los colegios donde tendrán lugar las votaciones. También anuncian acciones (que no han concretado) para alterar la tranquilidad de la jornada de reflexión. El Gobierno que preside Pedro Sánchez, aún estando en funciones, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público en todo España.También en Cataluña. Sí el presidente de la “Generalitat” incumple las obligaciones que le marca la Constitución —y a la vista está que no cumple con ellas— debería ser apercibido en los términos que establece la ley. Y debería hacerlo aunque estemos en campaña electoral y pudiera perjudicar los cálculos electorales del PSC, la franquicia del PSOE en Cataluña. Barcelona no puede seguir siendo un rehén en manos de fanáticos.
