A pocos días de las elecciones generales del 10-N, las encuestas prevén una fuerte abstención. Se percibe el desencanto de mucha gente, especialmente socialistas, que se temen un nuevo fracaso de Sánchez y con ello, la más larga presidencia en funciones de los últimos 40 años. Se comprende la frustración de la inmensa mayoría de los votantes. Se nota el malestar de tantos ciudadanos que cumplen con las leyes, pagan impuestos y trabajan (o buscan empleo). Desde abril del año pasado, la gente sigue esperando un gobierno presidido por un político competente que trabaje por el bienestar y el progreso efectivo de la sociedad. Pero en lugar de ver cumplidos sus legítimos derechos y aspiraciones, observan un deterioro acelerado de la economía (confirmado por datos recientes); se temen más impuestos y prevén un futuro incierto para los más jóvenes. Y lo más inquietante: la incendiaria situación desatada en Cataluña, después de la leve sentencia del Tribunal Supremo sobre los golpistas catalanes. La gente contempla impotente el violento espectáculo del terrorismo urbano alentado desde el Gobierno autonómico, junto con la inhibición calculada de Sánchez que necesitará el apoyo político de los incendiarios. A los ciudadanos y contribuyentes de toda España les preocupa los actos vandálicos y las acciones salvajes sufridas por los policías que cumplen con su deber defendiendo legalmente los derechos democráticos de todos los españoles de dentro y fuera de Cataluña. Al presidente en funciones sobre todo le preocupa los pactos (los destrozos urbanos los pagan los contribuyentes). A él le importan los apoyos que necesita para rearmar el gobierno Frankenstein con independentistas vascos y catalanes, con podemitas de extrema izquierda y con los voraces peneuvistas del “cuponazo”; es decir con los que reniegan de la Constitución del 78 y de la monarquía.
A la vista de la situación, muchos se estarán preguntando, si Sánchez no habría hecho mejor gobernando con Iglesias, en lugar de rechazarlo después de humillarle. Ahora parece evidente, que desde el principio el discutido doctor decidió convocar las próximas elecciones del 10-N con la vana seguridad de mejorar su última cosecha de votos. Hace unos meses, las encuestas (sobre todo las cocinadas por el chef de la Moncloa) le auguraban un buen resultado. Hoy día, después de Cataluña calcinada y de su pacto con los bilduetarras de Navarra, las encuestas le dan la espalda. Por el contrario, los resultados que prevén la mayor parte de las previsiones es el ascenso de PP y Vox y el descenso de Ciudadanos, socialistas y podemitas. Con estos últimos nubarrones en el horizonte, el gobierno progresista en funciones ha utilizado su último truco. Han montado el espectáculo fantasmal de la “exhumación de restos mortales más televisada de la historia”. No contaban con que el espectáculo les daría un escaso rédito electoral. Lo habían anunciado con tanta antelación que, apenas ha impresionado a nadie, estuviesen a favor o en contra de la macabra operación. Eso sí, han dado muestras una vez más de despotismo atropellando la libertad personal y el respeto más elemental. Y han faltado a la promesa de no dar publicidad al traslado. Ante todo, ha sido una evidente utilización partidista de un sagrado derecho privado.
En conclusión, la apreciación más extendida sobre la situación actual es que la estrategia diseñada por el presidente en funciones (y defunciones) se le está volviendo en contra. Empeñado en mejorar los resultados electorales a costa de los electores, el panorama no le es favorable. Desbordado por acontecimientos que el mismo ha provocado o no ha querido evitar, sus expectativas electorales para el 10-N son adversas. Por eso precisamente, se dan las mejores circunstancias para los partidos de centroderecha. Especialmente PP y Vox remontan con viento a favor y se explica porque, ante una incertidumbre social de tal calibre, la ciudadanía necesita oír voces claras y decididas que propongan soluciones concretas. Las ofertas electoralistas de Sánchez y sus aliados son bien conocidas: el viejo mantra del progresismo (retrógrado); las consecuencias nocivas de la economía sin control; las amenazas a la libertad de pensamiento y las reticencias encubiertas a la Constitución del 78. Contra todo eso, las urnas del 10-N ofrecen una oportunidad de oro para votar por quienes pueden y quieren reconducir la situación política, amenazada por Sánchez y sus aliados.
