Se lamenta en los claustros de las universidades catalanas el silencio de los discrepantes en un entorno confiscado por esos activistas del independentismo que reportan ante el mismísimo presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Torra guarda el lanzallamas bajo la mesa de su despacho. Y anima a personas interpuestas. Los rectores, en este caso. Los que -y sigo con la ardiente metáfora-, han quemado públicamente la sentencia del TS y han denunciado la existencia de «presos políticos» en el Reino de España.
No todo está perdido. Ochocientos docentes han roto su silencio para pedir amparo a los rectores. Amparo y protección para quienes quieren enseñar y los alumnos que quieren estudiar sin que se lo impidan a la puerta del aula.
El mismo amparo y la misma protección reclamado por policías autonómicos que quieren hacer su trabajo sin que lo cuestionen los mismos que, en distintos rangos posicionales en las escalas de poder político o social, aplican totalitariamente el ordeno y mando. Como si fueran dueños de la Universidad. O si la Policía de todos los catalanes también fuera solo de quienes trabajan por la secesión de esta parte del territorio.
Hágase extensivo el razonamiento a la calle, las instituciones, los aeropuertos, las carreteras, etc. En nombre de una causa imposible y penosa consecuencia de un estado de alucinación colectiva que revienta todas las normas del pensamiento lógico. Por ejemplo, que el presidente de la Generalitat confíe en el responsable político de los Mossos, Buch, pero no en los Mossos, que sí tienen el apoyo de su consejero.
Demasiadas pruebas de la razón apuñalada en el fantástico reino del soberanismo catalán. Las alucinaciones producen monstruos argumentales. Como pedir que, en vista de la insoportable agresividad de los radicales contra las fuerzas del orden entre radicales y policía, la carga de la prueba se desvíe hacia los policías. O se reclame sin más que la sede de la Policía Nacional cambie de sitio para que nadie pueda considerar una provocación su ubicación en el centro de la ciudad.
Peor es si vamos al fondo de la cuestión, donde se habla de «democracia» y «ley», que en el imaginario independentista son categorías incompatibles cuando se incumple la segunda en nombre de la primera. Una aberración explicable que se apele al diálogo para resolver el conflicto, y nunca al cumplimiento de la ley. La ley viene del Estado que rechazan.
De ese orden institucional sólo aceptaran su rendición. No se apean. Ahí volverán a partir del 12 de noviembre en el Parlament, donde debatirán una moción de la CUP reclamando el derecho a ejercer la autodeterminación y el deber de respetar la voluntad del pueblo catalán.
Continuará.
