Una determinada fuerza política (Bildu) propone impedir por ley que otras determinadas fuerzas políticas tengan vedada la comunicación con los votantes del País Vasco. Y desde una institución del Estado como es la Generalitat de Cataluña, su presidente apuesta con público descaro por el desacato de la sentencia del «judici», si esta es condenatoria.
Brillante aportación de la izquierda abertzale a la causa del pluralismo y la libertad de expresión, en el primer caso. Brillante aportación del independentismo catalán al principio de legalidad que cursa en los regímenes democráticos como freno a las arbitrariedades del poder.
Que la ironía no nos distraiga del fondo de la cuestión, tal y como lo expuso hace unos días en la Prensa el expresidente del Gobierno, Felipe González. El histórico líder socialista denunció la desidia de las fuerzas comprometidas con la Constitución a la hora de defender el sistema democrático, gravemente amenazado por corrientes políticas de ámbito estatal que comparten el sofisma de que la democracia está por encima de la ley mientras defienden el principio de autodeterminación sin percibirlo como un primer paso hacia la ruptura del Estado (clara alusión a Unidas Podemos).
En el pronunciamiento de González se desaconsejaba la repetición de elecciones y se advertía de que, en caso de volver a las urnas, crecería un deterioro institucional que, por desgracia, ya está bastante generalizado. El síntoma es grave porque afecta directamente a la calidad de la democracia representativa y solo un pacto de hierro de los partidos de inequívoco compromiso constitucional (PP, PSOE y Ciudadanos) podría evitar que los males vayan a peor.
Lo lamentable es que, lejos de ese eventual pacto de hierro contra el deterioro del sistema, lo que hay es una verdadera guerra civil entre esos partidos. Una forma de hacerse el harakiri, que nos hace recordar lo que el famoso intelectual y político francés, Maurice Duverger (muerto en 2014) explicaba a sus alumnos al comparar la democracia con un avión. Si no es objeto de un una vigilancia constante, se cae.
Según una encuesta publicada el pasado fin de semana, más de la mitad de los españoles (el 54%, por ser precisos) creen que la democracia se ha deteriorado durante los meses transcurridos desde las elecciones generales del 28 de abril. En cuanto al índice de confianza de los españoles en la política, las cifras oficiales hablan de una caída del 11,3 % en el mes de agosto. O sea, antes de la convocatoria automática de las nuevas elecciones para el 10 de noviembre, que ha aumentado de forma notoria el malestar de la ciudadanía por la llamada a las urnas por cuarta vez en cuatro años.
El ruido de las alarmas ya es ensordecedor.
