El servicio de estudios del Banco de España puede que sea uno de los mejores. Lo llevan demostrando años. Tanto sus previsiones como sus análisis han sido siempre tenidos en cuenta por todos los expertos. Ahí se formaron grandes economistas españoles e incluso muchos ministros de distintos partidos. Todo era así hasta que llegó Pedro Sánchez al gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Hasta en dos ocasiones y en público, ministros del gobierno de Sánchez –y no cualquier ministro– han cuestionado los informes del Banco de España. El primero fue el que hacía referencia a las consecuencias que para el mercado laboral iba a tener la subida del 22,3 por ciento del SMI. El banco emisor estimó que esa espectacular subida, unida a al alza de las cotizaciones sociales, podría derivar en una pérdida o no materialización de unos 150.000 empleos. Por cierto, otros organismos como la AIREF también cuantificó pérdida de puestos de trabajo por la espectacular subida.
En un hecho inédito y aprovechando los datos de empleo y paro del pasado mes de mayo, la ministra de Trabajo y su secretaria de Estado se permitieron exigir al Banco de España una rectificación sobre su valoración e impacto de la subida del SMI. Incluso llegaron a instar al gobernador a pedir perdón por crear alarma con sus conclusiones. Quisimos pensar que era un hecho aislado. Un gobierno exigiendo esto al más prestigioso servicio de estudios de España no podía ser fruto más que de los nervios. El empleo sigue subiendo y el paro bajando, aunque la calidad empeora.
Pero, estábamos equivocados. Hace apenas 48 horas, la ministra de Economía, en un acto irresponsable, se ha permitido cuestionar otro informe del Banco de España. En esta ocasión hace referencia a la subida que, en opinión del emisor, han experimentado las hipotecas tras haber asumido los bancos el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, ese que Sánchez aseguró que nunca más pagarían los ciudadanos. El Banco de España incluso aporta una cifra. La subida ha sido de 0,30 puntos. Nadia Calviño lo niega y considera «arriesgado» el análisis. Eso sí no aporta ningún estudio que avale sus palabras. De nuevo, el gobierno de Sánchez pone en la picota, cuestiona al Banco de España, cosa que, por cierto, ya ha hecho con otras instituciones como la Abogacía del Estado, si no le gusta lo que dicen o cuestionan la «venta» de sus políticas.
