El juicio por el procés entra en su recta final y después de las intervenciones de las acusaciones y de las defensas, ya solo quedará la sentencia. Sea la que sea, habrá polémica y muchos quedarán insatisfechos y previsiblemente, dará lugar a recursos ante tribunales europeos. Lo que nadie podrá decir es que no ha sido un juicio transparente, dirigido con mano maestra y una absoluta paciencia por Manuel Marchena, con todas las garantías y alguna más. Es cierto que la maquinaria partidista ha lanzado acusaciones contra el tribunal -eso como cuando la Bolsa mantiene sus niveles, pese a hechos llamativos, “estaba descontado”- y lo seguirá haciendo. Hay que agarrarse a lo que sea para dar visos de parcialidad, pero será difícil que prospere.
Más importante que todo eso, son las declaraciones políticas interesadas, hechas, incluso, desde la presidencia de instituciones democráticas nacionales o autonómicas, desde las baterías de fuego partidistas, o desde intereses no siempre legítimos. O de quienes se plantean indultos o condiciones beneficiosas con el traslado a centro penitenciarios catalanes -donde pueden pasar cosas como las que están pasando con un preso privilegiado como Oriol Pujol- cuando todavía no ha habido condenas de ningún tipo. Aunque dudo que vayan a hacer mella en los siete jueces, contribuyen a enrarecer el ambiente y dan cancha a quienes no están por la labor de aceptar la Constitución.
Hasta ahora sabemos que los fiscales hablan de rebelión y malversación -entendiendo que no es preciso el uso de las armas para que haya un “golpe de Estado” si hay violencia suficiente y si ese intento de derogar la Constitución y proclamar la independencia se hace “con la fuerza coercitiva del poder”-, aunque el abogado del Estado hable sólo de sedición, con lo que quedarían sin sanción determinados comportamientos que parecen punibles para un observador independiente.
Los jueces tendrán que dictaminar en todo caso sobre “la verdad probada” judicialmente, no sobre lo que unos y otros puedan pensar o aducir. Tampoco sobre intenciones, sólo sobre hechos probados. Y no será fácil redactar una sentencia que va a ser mirada con lupa, línea a línea, alejándose del ruido mediático y político en el que viven los magistrados y sin pensar, de alguna forma, en las consecuencias políticas y sociales de lo que ellos dictaminen. Claro está que los jueces no son responsables de lo que ha pasado en Cataluña.
La enseñanza final, no obstante, es que la Justicia funciona. Que los jueces hacen su labor con respeto a la ley y con sentido común en circunstancias claramente complejas y difíciles, muchas veces sin medios suficientes, abstrayéndose del circo político que les rodea. Es una buena noticia para los ciudadanos. Podemos confiar en los jueces que tenemos, aunque a veces discrepemos de sus decisiones. “Imparcial debe ser el juez, decía Piero Calamandrei, que es uno, por encima de los contendientes”. Y lo están siendo a pesar de las presiones y a pesar de algunos de los “contendientes”.
