El gobierno en funciones envió a Bruselas el pasado martes, 30 de abril, el Programa de Estabilidad 2019-2022. Desde entonces, numerosos organismos, incluidas las autoridades de la Unión Europea, han dado su opinión sobre los objetivos planteados por Sánchez y el método para cumplirlos. Hay que decir que de momento ni la Comisión Europea, ni la AIREF, ni el Banco de España han dado su visto bueno a ese programa. A grandes rasgos, la desconfianza se genera por las previsiones de déficit público, crecimiento, ingresos e incluso el escenario demográfico utilizado para evaluar la evolución de los gastos e ingresos del Sistema Público de Pensiones.
Como ya ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno y que fueron tumbados por la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados, Bruselas sigue pensando que los ingresos, en base a la subida de numerosos impuestos, es irreal. Sánchez espera en los cuatro años un aumento de los ingresos superior a los 26.000 subiendo los impuestos a diestro y siniestro y aunque ahora van a incluir la subida del Impuesto de Matriculación y de Tracción Mecánica, continúa pareciendo bastante improbable que se consigan. La desaceleración de la economía es un hecho que ya se refleja en numerosas cifras económicas. Tanto es así, que este primer trimestre ha caído la recaudación un 0,6 por ciento y se ha desplomado el Impuesto de Sociedades más de un 17%. Ha caído la venta de viviendas en marzo por primera vez desde diciembre de 2015. Además, el último informe del Banco de España alerta de una clara desaceleración de la economía mundial este año y una elevada incertidumbre e importantes riesgos. En este contexto parece difícil que se cumplan unas previsiones de crecimiento y de déficit público como las aportadas por el gobierno en el Programa de Estabilidad.
La situación puede agravarse tanto que, según una información de Carlos Segovia para ‘El Mundo’, el desequilibrio real de las cuentas después de los “viernes electorales” podría hacer que en 2020 el déficit estructural llegue a los 38.400 millones de euros, el más alto desde 2012. Hay que recordar, además, que la gobernabilidad pasará por los apoyos de Podemos y PNV (ya veremos si independentistas) y eso nos llevará a más gasto, más impuestos y más deuda agravando una situación ya complicada.
