De nuevo se reabre el debate sobre la eutanasia. El PSOE ya intentó aprobarla en la legislatura fallida, pero la falta de apoyos y de consenso sobre un tema tan complejo, dejó varada la propuesta de ley. Ahora, en plena campaña electoral, el asunto se convierte en un arma de propaganda y captación de votos. Lejos de mi intención juzgar a Ángel Hernández, víctima de una situación terrible en la que se ponen a prueba todos los condicionamientos morales. Solo él y su mujer María José saben la dureza del sufrimiento que han padecido, la que todavía sufre Ángel. Pero lo que más me ha impresionado es que esta mujer que sufría la enfermedad desde 1.989, llevaba ¡diez años! esperando una plaza en una residencia donde hubiera podido ser mejor atendida y donde podía haber recibido unos cuidados paliativos adecuados. No hubo una plaza para ella. Y nadie, ninguna fuerza política hace autocrítica y se plantea ahora afrontar el problema básico: la carencia de cuidados paliativos para 180.000 españoles que sufren enfermedades graves. No hay suficientes Unidades de Cuidados Paliativos en los hospitales españoles para tratar a estos enfermos. Y no parece preocupar.
Estamos dispuestos a ayudar a morir a una persona que sufre, pero no estamos haciendo lo que una sociedad moderna debe para paliar su sufrimiento y que no llegue a una situación en la que la única salida parece ser eliminar la vida humana. No lo hago desde una posición cristiana, que es mi fe, sino desde un punto de vista humano. Todas las personas tienen derecho a una vida digna antes que a una muerte digna. Estoy absolutamente a favor del testamento vital, de que no se prolongue el sufrimiento de nadie inútilmente y hay medios para hacerlo y médicos que lo aplican cumpliendo su juramento hipocrático y su vocación de curar a las personas. Estoy en contra de la penalización de quienes, como Ángel, actúan desde el dolor y desde la imposibilidad de encontrar otra solución, pero la gran lucha de la sociedad, de los políticos y de todos nosotros, debería ser por proteger la vida humana. Éste es un debate muy profundo que no puede afrontarse sin poner encima de la mesa todas sus aristas.
Como dice el profesor Francisco Alarcos, no hay en estos momentos ningún país que tenga legislado como tal un “derecho a la eutanasia” porque el Estado tiene el deber de proteger la vida como un valor ético y un bien jurídico. Lo que existe es una despenalización en determinados casos regulados y siempre que se haga por profesionales sanitarios. Una despenalización sin suficientes garantías “puede ocasionar abusos graves en contra del más débil, de aquel que tiene menos recursos o menos representación” . Lo dice el grupo Cristianos Socialistas que añade que donde existen Unidades de Cuidados Paliativos, “las solicitudes de suicidios asistidos han disminuido claramente” . “La vida —dicen— es un don y, por ello, un valor indisponible, tanto la vida de los otros como la propia”.
Hacen falta más Unidades de Cuidados Paliativos, comités de Bioética que ayuden a profesionales, enfermos y familiares y reconocimiento de la objeción de conciencia a los médicos. Una cosa son derechos y otra las responsabilidades penales. El primer derecho de una persona, aún más de un enfermo, es a una vida digna.
Legíslese primero sobre los cuidados paliativos y dótese de medios a los hospitales y luego hablamos de todo lo demás.
