La Junta Electoral Central se ha pronunciado sobre los «viernes electorales» de Sánchez. Parece que no ve razones para que no se celebren, aunque otra cosa es que los aproveche para hacer exaltación de lo hecho hasta ahora por el gobierno, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora. La ministra Celaá nos venía atizando auténticos mítines desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Veremos qué ocurre en los siguientes y si PP y Ciudadanos se deciden de nuevo a recurrir.
Otra cosa son las medidas que por decreto está aprobando el gobierno. Decretos que no se podrán debatir ni enmendar y que irán directamente a la Diputación Permanente y que no se sabe cuáles de ellos lograrán la aprobación suficiente para salir adelante. Desde luego, va a tener complicado explicar, como manda la Constitución, que esos decretos sean de urgente necesidad. No hay más que ver la urgencia del aumento de los permisos de paternidad, que no entrarán en vigor hasta el mes que viene, a pesar de que el decreto ya se aprobó por el Consejo de Ministros hace casi 15 días.
Puede haber, no lo dudo, algún alma cándida que no vea que lo que está haciendo Sánchez es pagarse una campaña electoral a todo lujo con el dinero de todos los españoles. Pero es así.
De hecho, el agujero que va a dejar en las cuentas públicas, si finalmente los decretos entran en vigor y no se caen en el trámite de la Diputación Permanente, se acerca ya a los 20.000 millones. Un socavón que el gobierno que salga de las urnas el 28 de abril, si es que se puede formar gobierno, se va a encontrar nada más pisar Moncloa, y que, obviamente, tendrán que salir de recortar otras partidas para cumplir con los objetivos del déficit. Al menos, alejarlo del máximo del 3 por ciento para no entrar en conflicto con la UE. En todo caso, ya saben, si gobernara el centro derecha ya tendría la izquierda el argumento de la austeridad que mata, y si gobierna Pedro Sánchez, aquí pan y después gloria. La vida sigue…
