La reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 fue, sin ninguna duda, lo mejor que hizo ese ejecutivo. Entonces, los parados se contaban por centenares cada día. La ministra Fátima Bañez fue su artífice y gracias a su reforma las empresas contaron con una alternativa distinta al paro. A lo largo de la crisis y años anteriores, las empresas que tenían problemas únicamente podían afrontarlos reduciendo la plantilla. Además, se veían obligadas a cumplir sí o sí con los convenios sectoriales. Precisamente, el cambio fundamental de la reforma Báñez, unido a la ultraactividad, era éste: si los problemas económicos te hacen imposible mantener el gasto, incluso está en peligro la viabilidad de la compañía grande, mediana o pequeña, puedes negociar directamente con los trabajadores sus condiciones laborales. De esta forma, se salvaron cientos de miles de empleos. De hecho, el Banco de España cálculo en un informe que, de haberse aprobado la reforma Báñez al inicio de la crisis, podrían haberse salvado hasta dos millones de puestos de trabajo.
Ahora, un gobierno prácticamente en funciones, pretende reformar esta reforma y volver a lo anterior en los dos aspectos fundamentales. Por un lado, volver al convenio sectorial, lo que también lleva aparejado darle de nuevo el poder absoluto en las negociaciones a los sindicatos, y la ultraactividad de los convenios. Resulta increíble que con apenas dos consejos de ministros por delante y con unas elecciones ya anunciadas con fecha incluida, quiera hacer esta reforma por medio de un Real Decreto Ley de urgencia. Es sorprendente, pero sobre todo es injustificable. La utilización de un Real Decreto Ley está muy tasada y desde luego no parece que acometer esa reforma revista especial interés y urgencia.
Más bien parece que Sánchez, como ya hizo el viernes desde La Moncloa, lo que pretende es utilizar sus últimos días en el gobierno para hacerse la campaña electoral. Cree que este cambio le beneficia electoralmente y le importa bien poco si la reforma ha logrado frenar la sangría del desempleo. Veremos si la todavía ministra Magdalena Valerio lo presenta y de qué se trata finalmente. En todo caso, la aprobación definitiva dependería de la Diputación Permanente, ya que todas las fuentes apuntan a que no daría tiempo a culminarla antes de que se disuelvan Las Cortes.
