Todo aquél que le echa un pulso al Estado, lo pierde. Por lo menos en una primera instancia. Ha empezado el juicio contra la docena de políticos catalanes acusados de un intento de rebelión y no se han visto cumplidas ninguna de las profecías que anunciaban poco menos que un Armagedón en Cataluña. Los procesados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo van a tener un juicio con todas las garantías procesales porque por más que lo nieguen los abogados defensores de los acusados, España es un Estado de derecho. Los separatistas llevan meses moviendo Roma con Santiago tratando de reclutar a la prensa extranjera para su causa intentando crear fuera de España un clima de opinión que induzca a pensar que el juicio no se está celebrando con todas las garantías procesales.
Por eso, dentro de la Sala, el abogado de Oriol Junqueras descalificó el proceso tachándolo de “juicio político” y fuera, el propio Quim Torra, presidente de la Generalidad, abundaba en la misma falsedad. No es una casualidad. La estrategia de las defensas apunta hacia un objetivo: negar la imparcialidad del tribunal y proyectar hacia fuera un relato del juicio que frente a unas sentencias desfavorables les abriera el camino para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Conscientes de que los hechos por los que están siendo juzgados los políticos que intentaron dar un golpe al Estado —proclamando ilegalmente la República catalana y aprobando “leyes de conexión con España”— tienen muy difícil defensa a la luz del Código Penal, todo el arsenal dialéctico de las defensas está orientado a denunciar que el tribunal que juzga a los acusados del “procés” estaría vulnerando su derecho a un juicio justo. Ese va a ser el hilo de oro de todos los alegatos.
Tienen a Estrasburgo en la mirada. En el año 2017 este tribunal emitió un total de 1.068 sentencias de las cuales seis estaban relacionadas con recursos planteados desde España. Alguna de ellas contrarias a la justicia española y de gran repercusión mediática como fue el caso del juicio a varios dirigentes “abertzales”, entre otros, Arnaldo Otegi. Desde hace algún tiempo los medios proclives al separatismo vienen alentando las referencias al Tribunal de Estrasburgo como si hubiera domiciliado en él todas sus esperanzas de cara a revocar las presumibles sentencias condenatorias del Tribunal Supremo del Reino de España en el caso del “procés”. Estrasburgo es su última esperanza de impunidad.
