La desaceleración de la economía española es una realidad. Los últimos dos trimestres, el PIB ha crecido un 0,6 por ciento, mientras que los anteriores lo hacía al 0,8 por ciento. La consecuencia lógica son las cifras del paro. El jueves se hizo pública la evolución de este indicador correspondiente al mes de diciembre. Y sí, el desempleo sigue bajando y el número de cotizantes subiendo, pero a un menor ritmo al que venía haciéndolo. Además, la confianza de los consumidores también ha empeorado el mes pasado y se ha colocado en su menor nivel en dos años.
Desde el Gobierno, algunas voces empiezan a calificar de catastrofistas a los economistas que analizan estos datos como peores, aunque la propia ministra de Economía esté pensando rebajar su propia previsión de crecimiento económico para este año 2019. A este peor comportamiento que muestran ya muchas magnitudes, como las ventas del comercio o las exportaciones o las compras de bienes duraderos, han contribuido los anuncios irresponsables de algunos ministros, los mensajes erráticos del propio presidente del Gobierno y algunas de las medidas anunciadas y otras ya aprobadas.
Este año no va a ser fácil. Todos los organismos internacionales han puesto ya en sus agendas una ralentización del crecimiento mundial desde China a Estados Unidos pasando por la Unión Europea, Cataluña o el Brexit. Sánchez no parece concernido con estas previsiones y sí dispuesto a aprobar por ley o por decreto, medidas que hagan feliz a los votantes de la izquierda y crujan a los que generan los puestos de trabajo y la riqueza. Las subidas de impuestos, de las bases máximas de cotización, el palo a los autónomos, el aumento irresponsable del SMI o la derogación de aspectos fundamentales de la reforma laboral son todas medidas que más pronto que tarde se reflejaran negativamente en el empleo. Y, sin embargo, no se está abordando el mayor problema que ahora mismo acucia a los españoles y que es la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
