El prior de la basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no permite la exhumación de Franco sin permiso de la familia. Moncloa lo tacha de obstruccionista y nos recuerda el pasado falangista del monje benedictino. Vale, pero eso no bastará para llevarse de allí los huesos del general.
Me temo que se avecina una larga batalla jurídica antes de hacer posible el traslado. Un verdadero choque de intangibles. Por un lado, el cumplimiento de una ley sancionada por la voluntad popular representada en el Parlamento. Por otro, la voluntad de la familia en interesado alineamiento con la inviolabilidad de un lugar de culto.
Choque de fueros, de los que son titulares respectivos el Estado (el Gobierno Sánchez, en su nombre) y la Iglesia (en su manto jurídico se envuelve la familia Franco). Lo cual plantea singulares problemas. Por ejemplo, el de la propiedad de la momia: ¿a quién pertenecen los restos de Franco? El Estado lo enterró y el Estado puede desenterrarlo, dicen los defensores de la Ley de Memoria Histórica. Pero no es tan sencillo.
Debate abierto, asimismo, sobre la última palabra respecto a la exhumación no autorizada por la familia, o sobre el carácter corporativo de la posición obstruccionista del prior Cantera ¿Habrá decisión de mejor criterio por parte de sus superiores en la jerarquía eclesiástica?, ¿Lo que diga el arzobispo de Madrid, lo que diga el Episcopado, o lo que diga el Vaticano en función de sus tratados con el Estado español?
Al reino de lo incógnito pertenece también lo que hará el Gobierno a partir de ahora. Está a la espera de un informe jurídico de la Abogacía del Estado sobre el modo de proceder legalmente desde el boletín oficial del Estado. Previsiblemente la familia recurrirá. La judicialización del problema está cantada. Bastaría con un simple poder notarial que la familia pusiera en manos del prior de la basílica del Valle de los Caídos.
Y el desenlace no puede ser muy distinto al de una exhumación judicialmente autorizada, en la misma lógica que las exigibles autorizaciones judiciales para entrar en domicilio particular o para intervenir una comunicación telefónica.
Y conste que estamos hablando solo de la exhumación. Luego vendría el problema del traslado, que se presenta igual o más complicado todavía, habida cuenta que aún está por decidir el destino final de los restos del dictador.
Lo único que parece fijo es la negativa del Gobierno a colocarlos en la catedral de la Almudena. A partir de ahí, también esta por escribir esa parte de la novela gótica cuyo prologo escribió el Gobierno socialista nada más llegar al poder hace siete meses con la intención de que fuera un relato breve.
