En Cataluña se han cometido demasiados errores. Por parte del Gobierno de la Generalitat, algunos difícilmente superables, como la ruptura en dos mitades de la sociedad catalana, y otros muy graves contra la Constitución y las leyes que tendrá que dilucidar la Justicia en breve. Pero también se han cometido errores con Cataluña por parte del Gobierno español, el de Rajoy y el de Pedro Sánchez. Ha faltado capacidad de diálogo, presencia en Cataluña, ha faltado explicar allí la realidad, ha faltado autoridad, ha faltado cumplimiento de la ley y, sobre todo, ha faltado sentido de Estado cuando se ha aplicado mal, en tiempo y en forma, el artículo 155 de la Constitución. Los independentistas han ganado la batalla de la comunicación, ante la ausencia de los constitucionalistas y del Gobierno, y la batalla de la calle, ante la dejadez, forzada o no, de los mossos para imponer la normalidad. Durante demasiado tiempo, el imperio de la ley ha estado, está ausente, en Cataluña donde se ha permitido que una minoría imponga la violencia sobre la legalidad.
No voy a entrar a juzgar a personajes como Puigdemont, a los políticos fugados o a los encarcelados, y hasta al presidente Torra a quienes la historia juzgará muy duramente por su responsabilidad en el hundimiento y ruptura de Cataluña, independientemente de lo que diga la Justicia. No voy a entrar en la locura independentista de exigir que la Justicia pare el proceso, porque o bien es desconocer la independencia de poderes o bien es anunciar lo que pasaría en Cataluña si estos iluminados lograran su objetivo. Y tampoco en esa otra locura de hablar de indultos cuando aún no ha habido sentencia o cuando se pretende hacer creer que la política puede dejar en nada la decisión judicial.
Dicho eso, esta semana todos los partidos constitucionalistas deberían hacer una reflexión y mostrar su total apoyo a la decisión del Gobierno de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Es evidente que no se han tenido en cuenta todos los riesgos; que el anuncio de que se llevarán 9.000 policías para “garantizar la seguridad” de nuestro Gobierno es una declaración de impotencia; que los daños sociales y, sobre todo, mediáticos, pueden ser muy elevados; y que la imagen de España en el exterior puede sufrir un golpe terrible. Pero una vez que la decisión está tomada, hay que apoyarla sin fisuras. No se puede poner en duda que el Gobierno de la nación pueda reunirse en cualquier lugar de España. Lo contrario sería dar más armas a los independentistas. Y ya se les ha dado recientemente con el traslado de la entrega del Premio Princesa de Girona a Barcelona, incapaces todos de garantizar la normalidad en esa visita del Rey y de la princesa. Hay que exigir al Govern de la Generalitat y a su presidente —que es el representante del Estado en Cataluña— contundencia de los mossos si los violentos vulneran la ley. Y si no cumple, será responsable legal de lo que suceda. El Gobierno puede perder, pero el soberanismo se la juega.
Una vez que pase esa prueba, el Gobierno debería llamar a todos los partidos constitucionalistas y acordar una política de consenso para Cataluña. Y si no son capaces de hacerlo, la única opción es la convocatoria urgente de elecciones.
