El Gobierno aprobó el viernes un decreto ley con el objetivo principal de que baje el precio de los alquileres de vivienda. En algunas grandes ciudades, es cierto que los precios están disparados. De hecho, el alquiler se lleva en torno al 40 por ciento de los ingresos, por lo que se complica y mucho poder pagarlo o incluso poder acceder a una casa. El decreto del Gobierno pretende hacer más fácil ese acceso ampliando el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de 3 a 5 años y fijando la fianza en dos mensualidades como máximo. Además, los gastos derivados de la formalización del contrato correrán a cargo de los propietarios.
A pesar de que el Gobierno acordó con los comunistas de Podemos en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado la fijación de un precio máximo para los alquileres, el decreto no incluye ninguna medida de este tipo. El ministro del ramo, sin embargo, no descartó que pudiera ircluirse en el anteproyecto de Presupuestos para 2019 y que el Gobierno sigue manifestando que llevará al Congreso en enero. En este sentido, Pablo Iglesias anunciaba el mismo viernes que no apoyarían el decreto, si éste no incluye la fijación de precios máximos.
En todo caso, y según todos los expertos del sector, estas medidas adoptadas el viernes por el Gobierno no solo no van a conseguir que bajen los precios, sino más bien al contrario, van a restringir la oferta y los precios no van a bajar. Es obvio, que el propietario intentará protegerse la ampliación de los plazos, subiendo los precios. El Gobierno debería haber dialogado con los expertos y mirar lo que ha pasado en otros países que han tomado medidas semejantes. El resultado ha sido nefasto, porque la cuestión del alquiler caro y escaso en las grandes ciudades tiene que ver básicamente con la falta de oferta. Muchos alcaldes en España tienen paralizadas desde hace años operaciones inmobiliarias y han puesto trabas a la construcción. El problema es un clásico en economía: más demanda y menos oferta, suben los precios.
