La descoordinación y la falta de criterio del gobierno de Sánchez es preocupante en muchos aspectos. Pero, lo es especialmente con la Seguridad Social, con el Sistema Público de Pensiones. Hace unos días, el ejecutivo se inclinaba por instaurar la jubilación forzosa a los 65 años. Días después, el secretario de Estado de la Seguridad Social admitía que había que prolongar la vida laboral más allá de lo que marca el progresivo aumento de la reforma de Zapatero y que la lleva hasta los 67 años allá por 2023. No digamos ya la decisión de subir las pensiones con arreglo al IPC, eliminando cualquier relación con otros datos como las cuentas del propio sistema de pensiones o el crecimiento de la economía.
La Seguridad Social tiene ahora mismo un agujero en sus cuentas de alrededor de 20.000 millones. Y las cosas se pondrán mucho peor cuando empiecen a entrar en el sistema los pertenecientes a la generación del “baby Boom”. Mientras, en el sistema entran menos jóvenes y con cotizaciones menores y se jubilan personas que cobrarán la pensión más años y más alta. La sangría demográfica es altamente preocupante. En el primer semestre de este año ha habido un 5,8 por ciento menos de nacimientos que en el mismo semestre del año pasado. El problema continúa y se agrava dato tras dato.
Por si todo esto fuera poco, el viernes pasado el gobierno aprobó un Real Decreto por el que se prolonga hasta 2023 la vigencia de la jubilación parcial con contrato de relevo. Según cuenta Manuel Llamas en “Libertad Digital” esta decisión supondrá un sobrecoste para las cuentas de la Seguridad Social de 2.100 millones de euros y que desde que empezó a aplicarse de forma más generalizada en 2001, el coste total supera los 30.000 millones de euros. De nuevo, hay que constatar que el gobierno no tiene ni idea de qué hacer con las pensiones, excepto electoralismo y dar palos de ciego, que están agravando el problema de un sistema agotado.
