En vísperas de la cumbre europea que espera contar con el apoyo unánime de los veintisiete al acuerdo de desconexión ‘técnica’ del Reino Unido, se mantiene la advertencia de España. No pondrá su firma a favor de dicho acuerdo si no se deja claro que el futuro status de Gibraltar debe ser objeto de negociación bilateral entre España y el Reino Unido.
Sin perjuicio de que también Francia mantenga o no sus reservas, el Gobierno Sánchez parece dispuesto a privar de la preceptiva unanimidad al documento de 585 páginas pactado por la Comisión Europea con Londres. Un órdago en toda regla que viene formulado por una cuestión de principio. La que deriva del carácter colonial de Gibraltar.
Gibraltar no es parte integrante del Reino Unido sino un territorio pendiente de descolonización, según la reiterada doctrina de la Naciones Unidas (ONU). El mandato descolonizador reclama el arreglo mediante negociaciones entre España y el Reino Unido. Con respeto al principio de integridad territorial de España y a los intereses de la población gibraltareña formada a lo largo de los tres siglos transcurridos desde que la roca pasó a ser de propiedad británica tras el tratado de Utrecht (julio de 1713).
Desde entonces el Reino Unido ha practicado una política de hechos consumados, contrarios al derecho internacional y a las propias cláusulas del tratado, cuya cesión de terreno solo incluía la ciudad y el castillo de Gibraltar, “juntamente con su puerto, defensas y fortalezas. Así fue un hecho consumado la ampliación de su jurisdicción por mar, hasta 12 millas, y por tierra, con la ignominiosa ocupación del istmo, la construcción del aeropuerto y el levantamiento de la ‘verja’, apropiándose ilegalmente de toda la zona neutral.
Hecho consumado también fueron los efectos de la Constitución otorgada de 2006, que altera el estatus jurídico de Gibraltar, al dejarla de considerar colonia y tratarla como un ‘british overseas territory’, donde se reitera ante los gibraltareños (ni un paso sin contar con ellos) el mismo compromiso que ante España: no cambiar el estatus jurídico del territorio. Y si se cambia, debía respetar el derecho de retrocesión a España.
Estamos ante un nuevo episodio en el que la relación de fuerzas en el tablero internacional, desfavorable para España, vuelve a ser la vía hacia un hecho consumado. En este caso, con la ayuda de la UE, que así incumple su propio compromiso. El que constaba en las líneas generales de la negociación: “Ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo previo entre Londres y Madrid.
Eso queda desmentido en el artículo 184 del borrador de acuerdo de desconexión británica, donde se declara el mutuo respeto a los respectivos ordenamientos legales (UE y RU). En relación con el artículo 3, donde Gibraltar aparece incorporado al ordenamiento jurídico británico como parte del territorio en el que regirá el acuerdo del ‘brexit’.
