No parece que la actual situación del Parlamento español sea idónea para abordar la reforma de la ley educativa en vigor, LOMCE, conocida como ley Wert.
En primer lugar, el Gobierno constituido después de la moción de censura de los pasados 31 de mayo y 1 de junio cuenta solo con 84 diputados y con el apoyo de partidos que únicamente buscan sus intereses particulares, no los de todos los ciudadanos. Así, los nacionalistas e independentistas tratan únicamente de sacar réditos para sus planes de secesión y ventajas de todo tipo para sus comunidades autónomas que ellos desean, de una manera más o menos declarada, convertir en Estados soberanos independientes de España. En cuanto al principal aliado del Gobierno, Podemos, su objetivo, disimulado por demagógicas proclamas sociales, es derrocar el vigente sistema de libertades y derechos amparados por la Constitución Española para implantar un régimen de inspiración comunista bolivariana.
En segundo lugar, el enfrentamiento entre las distintas fuerzas parlamentarias supera en la actualidad las normales diferencias entre el partido que sustenta el Gobierno y la oposición, que se acusan mutuamente de generar la manifiesta crispación reinante.
Con este panorama, la tramitación en las cámaras legislativas de la modificación de la Ley Orgánica de Educación tiene toda la probabilidad de convertirse en una carrera de obstáculos, semejante a la que se está produciendo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Se me objetará que este clima enrarecido y crispado no ha sido óbice para que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, hayan llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cierto, como también lo es que semejante acuerdo no ha satisfecho ni a los jueces, ni a muchos ciudadanos que asisten asombrados a un reparto de cargos entre conservadores y progresistas en el que ha primado la adscripción ideológica de los propuestos sobre su competencia profesional como juristas.
Un pacto por la educación, en el caso improbable de alcanzarse con la presente correlación de fuerzas políticas, estaría viciado de origen y dejaría sin dar satisfacción a las justas demandas de la comunidad educativa, tanto de profesores, alumnos y padres, como de las distintas organizaciones del sector.
Ya el simple anuncio de las propuestas para la reforma educativa por la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha provocado tal polémica y confrontación sobre las diferentes opciones en aspectos esenciales de la educación, que prácticamente imposibilitan un debate sereno sobre las cuestiones planteadas: conciertos y sistema de admisión de alumnos, equidad e inclusión, enseñanza de la religión, autonomía y dirección de los centros, evaluación y reválidas, etapas formativas y distribución de competencias entre el Estado y las autonomías.
Se suele afirmar que, con cada cambio de Gobierno, no solo cambian los ministros de los distintos departamentos, sino también toda una serie de responsables de empresas e instituciones estatales, muy en especial de la televisión pública por su innegable influencia en amplios sectores de la población. Y cambian también leyes, ordenanzas y reglamentos que afectan a la vida política, social, económica… ¿y educativa?
Veamos. Esta práctica habitual de cambios con la alternancia de los partidos en el Gobierno de la nación como consecuencia de los resultados de elecciones generales no se cumple con las leyes orgánicas de educación. Desde la implantación en España de la democracia, basada en la Constitución refrendada por una amplia mayoría de los españoles, ha habido ocho leyes de educación, si contamos la Ley General de Educación Villar Palasí de 1970, que se aplicó durante los primeros años de la transición hasta 1980. Estas leyes son las siguientes: Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), promulgada en 1980 por el Gobierno de la UCD y que tuvo una vigencia efímera, pues fue revocada por un decreto de 1981 estando en el poder el PSOE. Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, también del PSOE. Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE), de 1990, igualmente debida al PSOE. Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno (LOPEG), de 1995, asimismo obra del PSOE. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002, bajo el mandato de Aznar, que no llegó a aplicarse por la llegada al poder del socialista Zapatero en 2004. Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, ya en la legislatura de Zapatero. Y Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013, que entró en vigor en el curso 2014-2015, avalada por el PP y que es la que ahora el Ministerio de Celaá se plantea reformar. Así que la educación actual en España es atribuible principalmente a leyes del PSOE. ¿No está de acuerdo Sánchez con lo propiciado por sus antecesores socialistas en el Gobierno de España?
