Jornada negra para la Justicia española la del martes pasado. Un mal momento para hacer apología del Poder Judicial en nuestro ordenamiento jurídico-político.
Y peor momento todavía para apostar por una salida apacible del llamado conflicto catalán que es, hoy por hoy, la mayor amenaza para la salud del Estado.
Dicho sea por partida doble. De un lado, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó a Arnaldo Otegi y cuatro figuras más del nacionalismo radical vasco. De otro, la sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, atribuyendo a los clientes, no a los bancos, la obligación de pagar el impuesto de las hipotecas.
Hará falta mucha pedagogía institucional para desactivar los previsibles efectos de dicha sentencia sobre la credibilidad de los tribunales españoles. Precisamente en vísperas del enjuiciamiento de los dieciocho líderes políticos y sociales del golpe al Estado perpetrado por el independentismo catalán.
Recordemos que el juicio oral a los encausados arrancará a mediados de enero en el Tribunal Supremo. O sea, en el máximo órgano jurisdiccional, ahora sumido en un considerable caos jurídico. El que se deriva de decir una cosa y la contraria quince días después dentro de la misma sala. También, una cosa en la sala de lo civil (el impuesto deben pagarlo los bancos, dijo en 2015) y la contraria en la sala de lo contencioso (el impuesto deben pagarlo los clientes, acaba de sentenciar).
Los males nunca vienen solos. El culebrón del Supremo ha coincidido con una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que da la razón a cinco dirigentes abertzales sobre la falta de imparcialidad del tribunal que los condenó por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Las dos sentencias, tanto la de Estrasburgo sobre Otegi como la del Supremo sobre las hipotecas, se prestan a una interpretación en clave catalana. Viento en las velas del independentismo, que ha hecho de la internacionalización del ‘conflicto’ su mejor resorte propagandístico.
Inesperados regalos que no han dejado de aprovechar por sus principales representantes. Véase el poco tiempo que tardó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en poderse estupendo para declamar que “la Justicia española está vez más cuestionada en Europa”.
Se refería a la sentencia de Estrasburgo. Menos lobos. Tirón de orejas, como mucho, por la presencia en el tribunal de una magistrada, Angela Murillo, que ya había sido apartada por falta de imparcialidad en un juicio anterior. Pero eso no frenará a los defensores de la Cataluña una, grande y libre, que han escuchado las dos sentencias mencionadas como si fuera música celestial.
