En la política lo que parece, es. Y parece que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha hecho el “gesto” que reclamaban algunos dirigentes independentistas a propósito de la situación penal de los líderes catalanes que se encuentran en prisión preventiva a raíz del golpe institucional de hace un año en Cataluña. Lo ha intentado, pero se ha quedado por debajo de las exigencias de quienes les presionaban. Gracias a eso, no estamos ante un escándalo político mayúsculo. Vayamos por partes.
La Abogacía del Estado ha pasado de calificar como “rebelión” lo sucedido (delito castigado con penas de hasta 25 años), a considerar que se trata de “sedición “, delito castigado con penas sensiblemente menores. Para muchos observadores sería el “gesto” solicitado por los separatistas. El máximo posible al alcance del Gobierno Sánchez. Si la Fiscalía también se hubiera hecho eco de las presiones de los correligionarios de los políticos presos, habríamos asistido a un escándalo político sin precedentes. Que en clave menor ya se había producido a raíz de las manifestaciones de diversos miembros del Gobierno favorables a la excarcelación de los presos que están en prisión con carácter preventivo y a la espera de juicio.
Y del propio Pedro Sánchez, quien dando testimonio de uno de sus frecuentes cambios de criterio ha pasado de afirmar (mes de mayo) que para él no había duda de que lo sucedido en Cataluña había sido un intento de golpe y por lo tanto un delito de rebelión, a considerar ahora que en los hechos de octubre del 2017 no se habían dado los supuestos que prevé el Código Penal para determinar el delito de rebelión.
Ocioso resulta recordar que entre una y otra declaración medió la moción de censura que le aupó hasta la Presidencia del Gobierno merced al apoyo, entre otros, de los votos de los diputados que tienen en el Congreso los dos partidos separatistas: ERC y PDeCAT.
Ya digo que en política lo que parece, es. Y desde esa percepción cabe interpretar las críticas que ha recibido el cambio de criterio de la Abogacía del Estado por parte tanto de Pablo Casado, presidente del PP, como de Albert Rivera, líder de Ciudadanos. El ‘procés’ y sus secuelas, la “cuestión catalana”, sigue siendo el gran sargazo de la política nacional, la rémora que frena el progreso y la velocidad de crucero que se merece el conjunto de la sociedad española.
