En las últimas semanas venimos asistiendo a un espectáculo un tanto insólito: Los dirigentes del independentismo catalán con Joaquím Torra en cabeza piden con total desparpajo que el Gobierno maniobre para impedir que los dirigentes independentistas en prisión sean condenados. Pero por si fuera poco desde el Presidente a varios de sus ministros vienen opinando sin cortarse que en los independentistas que están en prisión no concurre el delito de rebelión.
Escuchándoles no es difícil llegar a la conclusión de que tanta necesidad tiene Pedro Sánchez de los votos de los partidos independentistas que no le importa mandar al Limbo a Montesquieu y su teoría de la separación de poderes, que dicho sea de paso es uno de los fundamentos de la democracia.
Y es que es evidente que esas opiniones que vienen de miembros del Gobierno son una forma de presión a la Sala II del Tribunal Supremo. Otra cosa es, claro está que la Sala II haga oídos sordos a los cantos de sirena que le llegan desde el poder político.
Lo cierto es que hasta el momento solo una ministra, Margarita Robles, se ha mostrado contundente en su respuesta cuando le han preguntado por su opinión sobre la calificación de los delitos de Oriol Junqueras y compañía.
Robles ha dejado dicho que hay que dejar trabajar a la Sala II del Tribunal Supremo y que es este Tribunal quién tiene que calificar y decidir sobre los hechos. Y de ahí no hay manera de sacarla, lo que sin duda es lo que debe de ser.
Quizá porque ella ha ejercido como magistrada del Supremo pero lo cierto es que su respuesta es la que se debe de esperar de cualquier miembro del Gobierno.
Y ya digo que desde la Generalitat y sus socios tampoco se cortan al reclamar que se de un trato de favor a quienes participaron en el intento de subvertir el orden constitucional proclamando una república en Cataluña.
A lo que parece los líderes independentistas tampoco son partidarios de la doctrina de Montesquieu ya que creen que el poder judicial debe de estar al servicio del poder político que es exactamente lo que sucede en los regímenes dictatoriales. Porque eso es precisamente lo que están pidiendo, que el Gobierno diga a la Sala II del Tribunal Supremo lo que debe de dictaminar. Y avisan de que de no ser así, es decir en caso de que sean condenados los dirigentes que están ahora en prisión, entonces que el personal se atenga a las consecuencias.
Desde luego el espectáculo no puede ser más desolador. Es evidente que para algunos de nuestros políticos Montesquieu es un problema.
