El líder de Podemos, Pablo Iglesias, viene desplegando en los últimos días, una frenética actividad política que tiene como objetivo último consolidar el acuerdo con los partidos independentistas catalanes y con los nacionalistas vascos que apoyaron el pasado mes de junio la moción de censura que posibilitó la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Para lograr ese objetivo resulta prioritario la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ya pactados entre el Gobierno y Podemos, pero que necesitan también el apoyo de ERC, PdCat y PNV.
La cuestión es que para conseguir ese objetivo, Iglesias está haciendo cosas que no son normales en un sistema democrático. Por ejemplo, ir a una cárcel a negociar con un dirigente político que está preso, pendiente de juicio, por haber intentado dar un golpe de Estado en Cataluña. O mantener una conversación telefónica de 45 minutos de duración con el jefe de los golpistas que está huido de la justicia española en Bruselas y hablar de él como un exiliado. Si se acepta como algo normal ambos hechos, es que nuestra democracia no llega a los estándares exigibles en los países con una tradición democrática madura. ¿Se imagina alguien que se hubiera dicho y escrito si tras el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, algún dirigente de UCD, hubiese visitado en la cárcel a Milans del Boch, a Armada o a Tejero para negociar no se sabe qué cuestiones de índole política?
Es indudable que esta actividad de Iglesias a quien mejor le viene es a Pedro Sánchez, porque le hace el trabajo “sucio” que él no puede llevar a cabo. Al Presidente del Gobierno y al líder de Podemos les une en estos momentos un objetivo común: aguantar como sea en el poder, no adelantar las elecciones generales y consolidar su pacto de izquierdas aunque sea a costa de ir mendigando el apoyo de los partidos independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos. Y como tampoco a estos les interesa elecciones a corto plazo, y se encuentran más cómodos con el PSOE-Podemos en el poder que con un hipotético gobierno del PP y Ciudadanos, lo normal es que lleguen a un acuerdo presupuestario que les permita prolongar la actual legislatura hasta junio de 2020.
El problema es si esto es bueno, no para Sánchez y para los partidos que le apoyan, sino para los intereses de España. Con algunos signos preocupantes de recesión económica, con una inestabilidad institucional permanente por la persistencia en el desafío secesionista de quienes gobiernan en Cataluña, lo lógico sería dar la posibilidad de que los ciudadanos dijeran en las urnas quien quiere que pilote la nave del gobierno en estos tiempos convulsos. Pero claro, eso conllevaría anteponer los intereses generales a los propios, y eso ya se sabe que en estos tiempos que corren es mucho pedir a los dirigentes políticos.
