Tres viviendas y dos locales propiedad de la Cámara Agraria Provincial de Segovia, cuyo valor conjunto ha sido tasado en 630.000 euros, están siendo subastados en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado hasta el 6 de marzo, según la información a la que ha tenido acceso El Adelantado. Se trata de una subasta judicial, por la vía de apremio, telemática y a instancia de seis extrabajadores de la entidad, a quienes se les adeuda en total 428.370,49 euros por indemnizaciones y salarios no pagados.
Las pujas pueden realizarse ya en el citado portal de subastas del BOE —subastas.boe.es— y el importe del depósito se ha fijado en 31.500 euros. Para pujar en la subasta es obligatorio que los interesados se registren como usuarios y constituyan el depósito establecido en este caso por el Juzgado de lo Social de Segovia. Solamente a los acreedores se les permite participar sin la constitución del depósito pero cuando ya exista alguna puja anterior.
Entre los inmuebles a subastar se encuentran tres viviendas del edificio del número 4 de la calle Severo Ochoa de la capital segoviana, construido en 1970, aunque el portal de subastas solo ofrece información catastral más detallada de una de ellas, de 94 metros cuadrados y situada en la planta 1ª. En cuanto a los locales, están situados en el mismo edificio pero uno en la planta -1 o sótano y con una superficie de 75 metros cuadrados, mientras el otro tiene 16 metros cuadrados y está situado en la planta baja. El uso de ambos está catalogado como almacén. En todos los casos la titular es la Cámara Agraria Provincial de Segovia que los incorporó a su patrimonio en virtud de operaciones de compraventa.
El juzgado no ha establecido lotes para esta subasta y tampoco el importe de la puja mínima, ni tramos entre pujas. Hay que señalar que los inmuebles subastados están libres de cargas y sin ocupantes, ya que todos ellos constituían la sede y/o dependencias administrativas y almacenes de la propia Cámara Agraria.
Como se recordará, la Consejería de Agricultura y Ganadería formó una comisión liquidadora de la Cámara Agraria Provincial en 2014 y fue esta la que ya procedió a finales de ese año a liquidar los bienes muebles que no habían sido intervenidos por el Juzgado de lo Social.
Los seis trabajadores afectados, a través de una nota de prensa, han hecho saber que reclamaron sus derechos en el juzgado una vez que la sostenibilidad de la Cámara se vio comprometida cuando la Junta mermó drásticamente su aportación económica y las organizaciones agrarias se inhibieron.
