Las Cortes de Castilla y León se han vuelto a unir para defender los intereses de la Comunidad. El presidente del Parlamento, José Manuel Fernández Santiago, leyó en el pleno extraordinario que se celebró el pasado 24 de agosto una declaración institucional en defensa del sector de la minería y de rechazo a la decisión de la Comisión Europea de vincular las ayudas a los planes de cierre hasta 2014.
En el texto se recuerda la incidencia directa de esa decisión en las provincias de León y Palencia, ya que la primera acapara el 30 por ciento de la producción nacional y suma alrededor de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. «De llevarse a cabo los propósitos de la Comisión Europea conllevaría drásticas consecuencias económicas y sociales que afectarían a decenas de miles de ciudadanos de Castilla y León».
Por ello, las Cortes consideraron «inaceptable» que se limiten las ayudas al carbón, cuando este sector se considera estratégico para la Unión Europea, a 2010 y se proponga la prórroga hasta 2014 sólo para las explotaciones deficitarias. «Es inaceptable que se fije un plazo de cuatro años para minas que dan trabajo a miles de ciudadanos de León y Palencia».
En la misma declaración, se advirtió de que también es «inaceptable» una resolución «lesiva» no sólo para Castilla y León, sino también para los intereses de Castilla y León. Además, en el texto se reflejó la «preocupación» ante la demora en la convalidación del Real Decreto del Gobierno para dar preferencia a la producción eléctrica con carbón natural.
De esta forma, el Parlamento autonómico expresó su apoyo, respaldo y solidaridad a los ciudadanos de los territorios afectados y esperan la defensa del sector por parte del Gobierno ante las instancias europeas, ante la «gravísima situación generada y con los intereses del carbón en juego».
La declaración institucional se produce en respuesta a la decisión de la Comisión Europea del pasado 20 de julio de prorrogar las ayudas a las explotaciones mineras deficitarias sólo hasta el año 2014 con el objetivo de cerrar antes de ese año las instalaciones que no sean competitivas. Además, esta propuesta que debe ser ratificada por el Consejo de Ministros de Energía, prevé que las ayudas al funcionamiento sean decrecientes, con una rebaja de al menos un 33 por ciento en 15 meses. En la misma reunión, la Comisión Europea decidió retrasar hasta septiembre su dictamen sobre el Real Decreto del Gobierno de España en el que se da preferencia a la producción eléctrica con carbón nacional para garantizar el consumo de los diez millones de toneladas anuales que se producen en las cuencas españolas.
La declaración institucional se leyó durante el pleno extraordinario que se celebró el pasado 24 de agosto en la Cámara autonómica. Ahora, tras un intenso verano de trabajo, en el que se habilitaron los meses de julio y agosto para seguir avanzando en diversas leyes -varias se aprobaron durante ese pleno extraordinario- el nuevo periodo de sesiones comenzará el próximo miércoles 1 de septiembre.
Asimismo, la Mesa de las Cortes se reunirá también durante esta semana para fijar el calendario de plenos hasta diciembre, que finalizará con la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad para 2011.
Así, y a partir del próximo mes el Parlamento autonómico continuará con su trabajo para avanzar en las leyes con las que vienen trabajando, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de defender sus derechos.
Dos intensos meses que concluyen con la aprobación de tres leyes.- El pleno extraordinario que se celebró el pasado 24 de agosto concluyó con la aprobación de tres leyes básicas para los castellanos y leoneses. Se trata de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, el Derecho a la Vivienda de la Comunidad y de la Renta Garantizada de la Ciudadanía. De esta forma terminan dos intensos meses de trabajo, el de julio y agosto, que el Parlamento autonómico habilitó para seguir trabajando en estas normas, además de otros proyectos de ley.
Con la Ley de Ordenación del Sistema de Salud se establece el marco legal para hacer efectivo el derecho a la protección integral de la salud, tanto la individual, con la asistencia sanitaria, como la pública. Mientras, la de Vivienda, coordinará las diferentes normativas y dotará de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Entre las novedades se encuentra una mayor lucha contra el fraude.
Finalmente, la Renta de la Ciudadanía se ha convertido en un derecho que se podrá exigir ante los tribunales. Con ella, los ciudadanos contarán con unos recursos mínimos para poder vivir, si bien habrá que esperar a la elaboración del reglamento por parte de la Junta para que la ayuda, no inferior a los 425,6 euros, sea efectiva para los posibles beneficiarios.
