Los ministros de Agricultura de la Unión Europea llegaron el pasado martes a un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) -que incluye elementos de interés para España como flexibilizar la convergencia interna o tasa plana de las ayudas directas-. La reforma definitiva deberán negociarla en los próximos meses con la Eurocámara y la Comisión Europea.
«Tenemos una fuerte mayoría cualificada para el mandato negociador», afirmó en una sesión pública el ministro irlandés de Agricultura y presidente de turno de la UE, Simon Coveney, al término de las negociaciones. Coveney advirtió a los ministros, sin embargo, que algunas de las concesiones del texto aprobado necesitarán «aclaraciones» más adelante.
Al término de la reunión, el ministro español, Miguel Arias Cañete, se mostró «satisfecho» porque el contenido del texto recoge los principales objetivos que el Gobierno consensuó con las Comunidades Autónomas y con el sector, pero también se declaró «prudente», consciente de que no es el acuerdo definitivo, sino que la reforma debe pactarse también con la Eurocámara y Bruselas.
Solo Eslovenia y Eslovaquia votaron en contra de la posición final consensuada por los ministros.
Con este convenio, los Gobiernos europeos acuerdan defender en las negociaciones una reforma «más verde» que condicionará el 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinadas prácticas medioambientales, tal y como pedía Bruselas, pero con la posibilidad de medidas equivalentes para flexibilizar este mecanismo.
Así, prevé un tratamiento diferenciado para los cultivos permanentes como el olivar tradicional y los frutos secos para que puedan optar al pago verde o greening sin exigirles medidas adicionales.
Tras cerca de 14 horas de contactos bilaterales y negociaciones formales, los Veintisiete lograron consensuar una posición negociadora que recoge parte de las aspiraciones de España, incluida una flexibilización de la convergencia interna que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, criticó por falta de «ambición» y que dijo «no poder admitir».
Lo que propuso la Presidencia como solución a las diferencias sobre la convergencia interna fue limitar esa aproximación entre las ayudas al 30% de la diferencia que separa la media de pago en una región del 90% de esa media, una opción que satisfaría los intereses de la delegación española, aunque encontró reservas en países como Alemania.
Los 27 también consensuaron apoyar una prórroga del sistema de cuotas de producción de azúcar hasta 2017, frente a la liberalización del sector prevista para 2015, tal y como pedía España y otros países.
El texto final, además, apuesta por un 12% de apoyos acoplados -a la producción-, un margen que no llega al 15% que defienden países como España, Francia, Italia y Polonia, pero que mejora el 10% previsto en documentos anteriores. Del otro lado, países tradicionalmente liberales como el Reino Unido, Alemania y Suecia son partidarios de reducir al máximo este tipo de instrumento y se resistieron a este porcentaje, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
El ministro Arias Cañete intervino en la sesión final de los Veintisiete para celebrar el acuerdo y expresar comprensión por la «imposibilidad» de que el texto atendiera todas las demandas de cada delegación. Anunció que firmará una carta con una decena de países para pedir elevar aún más, hasta el 15%, las ayudas acopladas de un Estado miembro.
Además, confió en que las negociaciones que quedan por delante sirvan para «convencer al comisario de que la convergencia interna es mucho más ambiciosa» que el equilibrio de las ayudas entre países pactado por los líderes europeos.
El acuerdo atiende, asimismo, a la petición española de limitar de algún modo el máximo de superficie elegible para recibir fondos a partir de 2014.
El Gobierno teme que sin esta flexibilización tendría que repartir las ayudas entre 38 millones de hectáreas en lugar de las aproximadamente 22 millones que registró en 2011 y, según fuentes consultadas, el mecanismo de ajuste que propone la presidencia permitiría a España mantener la superficie elegible en niveles actuales.
Por otro lado, la Alianza UPA-COAG pidió ayer al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que aclare las líneas fundamentales de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) una vez que ya se conoce el presupuesto para el período 2014-2020.
Las organizaciones señalaron que ha «llegado la hora» de la reforma de la PAC en España y que es el momento de que el ministro aclare las líneas fundamentales de su trabajo «para garantizar el mismo nivel de apoyo actual a los agricultores y ganaderos, tal y como se ha comprometido en más de una ocasión en las últimas fechas».
UPA y COAG consideran que la definición de agricultor activo, el techo de ayudas por explotación o las hectáreas admisibles, entre otras, son decisiones que el Ministerio de Agricultura debe tomar «de forma responsable» para garantizar en el futuro el mismo nivel de ayudas a los agricultores y ganaderos a título principal.
