Tras la presentación oficial de las propuestas para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) el pasado día 13, los ministros comunitarios del sector mantuvieron el primero de los debates sobre el contenido de la misma.
España, tal como se esperaba, defendió una posición unánime en contra de la que fue concertada entre la Administración Central, el conjunto de las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias. Todas las partes estuvieron de acuerdo en que se trata de una oferta con un presupuesto escaso, que no reconoce la diversidad del sector agrario nacional, y rechazaron la declaración de activo como destinatario preferente de las ayudas, la posibilidad de que un país deba cofinanciar más del 50% de las actuaciones en desarrollo rural, y reclamaron mayores y mejores mecanismos para regular los mercados.
La luz verde a la reforma constituirá un largo camino de negociaciones que pueden durar hasta la primavera de 2013. Aunque en el desarrollo de las mismas se puedan lograr acuerdos para mejorar su contenido, la realidad es que los reglamentos que deben entrar en vigor para enero de 2014 no se cerrarán hasta que no se aprueben las perspectivas financieras o presupuestos de la Unión Europea para el período de 2014 a 2020 y, donde si no progresan las circunstancias económicas, el sector agrario se podría encontrar con menos recursos de los asignados. Frente a la posición actual radical-electoralista de la ministra, que el pasado 30 de junio alababa la propuesta financiera por considerarla que mantenía los recursos y que hoy la detesta, en la propia Administración hay una mayoría de expertos que se conformarían con dejar las cosas como están, al igual que hacen los Gobiernos de Alemania o Francia.
El contenido de las propuestas de reforma ya se adelantó en estas páginas en sus puntos más importantes y han sido muy pocas las modificaciones introducidas en esos textos. Globalmente se puede decir, desde la perspectiva financiera, que el proyecto supone una congelación de los recursos para el sector agrario en el conjunto de la UE. En el caso de España hay solo un ligero ajuste a la baja. El eje de la reforma radica en una redistribución de los fondos al sustituir el actual sistema de pagos por derechos históricos, por los rendimientos que tuviera una hectárea entre 2000 a 2002, o por el número de cabezas en ovino, caprino o vacuno, carne para pasar a fijar una ayuda más equilibrada por hectárea. Aunque para el país, el dinero procedente de Bruselas será casi igual al que llega en la actualidad, el cambio de sistema supondrá que unos agricultores verán reducir sus ingresos y que otros los aumenten. Sin embargo, ese ajuste no será tan drástico como denunciaron últimamente las organizaciones agrarias. No va a cobrar lo mismo una hectárea de erial que una de regadío, ni todos los cultivos por igual. La UE asigna a cada país un sobre nacional. En una segunda fase del proceso, ese presupuesto se debe asignar por regiones, pero que no tienen por qué ser comunidades autónomas. Se puede entender por región, a esos efectos, el cultivo de regadío, una comarca agronómica, junto a una división institucional o administrativa. El Ejecutivo comunitario deja, además, a cada nación una gran libertad para esa redistribución de la partida nacional, y ése será en los próximos meses el gran debate nacional.
El objetivo es que esa redistribución sea justa y equilibrada y que no se beneficien hectáreas improductivas, secarrales, etc. frente a superficies fecundas con fuertes inversiones. El país hoy cobra ayudas en función de un total de casi 17 millones de derechos de pago, y con el nuevo mecanismo se pueden considerar hasta 24 millones de hectáreas susceptibles de subvenciones adjudicando un derecho por hectárea. Ajustar ambas cifras será un problema a pactar entre políticos y sector. De la propuesta oficial de reforma, se pueden destacar, entre otros, los siguientes puntos:
En materia presupuestaria, Bruselas congela la partida en 435,6 millones, 317,2 para pagos directos y mercados, 101 para desarrollo rural y 17,1 millones en varios fondos de apoyo. En el caso de España, la asignación para 2014 de 4.935 millones de euros para pagos directos a los que se suman otros 330 millones entre ayudas para el algodón y para Canarias frente a los 5.520 millones que llegaron en 2011 como pagos directos, junto a otros 500 millones como medidas de mercados. No hay pues una gran rebaja global.
Por otro lado, la UE quiere que los destinatarios prioritarios de las ayudas sean los agricultores activos. No existía una definición como tal para esta figura. La Comisión ha definido finalmente de esa manera a las personas físicas o jurídicas donde los ingresos por ayudas PAC superen el 5% del total de sus ingresos. Pero, igualmente se considera de esa manera a todos los agricultores que desarrollan su actividad. Serán, además, catalogados como tales a aquellos cuyas ayudas no superen los 5.000 euros.
En otro de los apartados se recoge que para cobrar el 30% de la ayuda, Bruselas quiere imponer una serie de exigencias como la diversificación de cultivos en una explotación donde la principal supere el 70% del territorio y al menos dos cultivos más con un mínimo del 5%. Se propone mantener praderas, y que el 7% se destinen a fines medioambientales, barbecho, etc. El país lo rechaza de plano. Hay zonas de casi monocultivo como viñedo, donde eso no se puede cumplir y se considera que el sector ya cumple con una serie de exigencias medioambientales.
En cuanto al ahorro, la UE da la opción de eliminar pagos inferiores a una hectárea o de 100 euros ampliable hasta los 300 para España. Se mantiene la no aplicación de la modulación a pagos por debajo de los 5.000 euros, y el recorte del 20% entre 150.000 y 200.000 euros, del 40% entre los 200.000 y los 250.000 euros, del 70% entre 250.000 y 300.000, y del 100% para abonos superiores a los 300.000 euros descontando pagos, cotizaciones y contratación a trabajadores.
