Las principales organizaciones de consumidores aseguran que la liberalización de las tarifas eléctricas, que se pondrá en marcha mañana miércoles, día 1 de julio, no va a suponer un ahorro en las facturas. Además mantienen que el proceso ha supuesto demasiadas incógnitas y dudas para los clientes.
Los consumidores domésticos de menos de 10 kilovatios (kW) pueden elegir entre una Tarifa de Último Recurso (TUR) y una comercializadora en el mercado libre. El precio de la nueva TUR, que sustituirá a las tarifas integrales, será fijado hoy por el Ministerio de Industria, y las fuentes consultadas no prevén bajadas, sino subidas moderadas, ya que «todo parece indicar que se aprovecharán las caídas en los costes eléctricos para aumentar los peajes y reducir el déficit de tarifa».
En este contexto, los consumidores recomiendan esperar unos meses antes de buscar comercializador en el mercado libre y lamentan que las ofertas actuales apenas supongan descuentos del 2%. Además, piden más información al usuario y que se aclaren cuestiones como el nuevo bono social.
Según un comunicado enviado por la Asociación de Amas de casa, Consumidores y Usuarios de Segovia, es preciso “compara la tarifas propuestas por diferenes comercilizadores, leer detenidamente las condiciones del contrato antes de firmarlo, y exigir el documento escrito.
Por otro lado, Facua ha advertido de que cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras que no les permitirán disfrutar del bono social, y ha presentado denuncias ante las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social por este asunto. También podría recurrir a Bruselas, señala.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) manifiesta su «disconformidad con la forma en la que se está desarrollando la liberalización del sector eléctrico», y ha denunciado la «escasa y amenazante» información que se le ha suministrado a los clientes domésticos. Para la Unión de Consumidores de España (UCE), el proceso se ha realizado sin garantías suficientes para el consumidor, por lo que pide un contrato tipo.
