La futura Ley Agraria, que la Junta aprobará este mismo año, establecerá una nueva figura de protección de espacios agrícolas, que servirá para «salvaguardar» el valor estratégico que tienen algunas zonas de producción, y evitar así que cualquier infraestructura de comunicación o de otro tipo pueda desmembrarla. Así lo aseguró la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, quien puso como ejemplo de esta nueva figura la declaración de espacio natural o Bien de Interés Cultural (BIC), trasladada al sector agrario. De este modo, la Administración agraria deberá pronunciarse sobre dichas infraestructuras y su afección al territorio
En ‘Los Desayunos de Ical’, Clemente adelantó algunas de las líneas maestras de la nueva Ley Agraria en cuya redacción trabaja ya un equipo de la Consejería. Así, en el texto figurará la actividad agraria como la más importante de las que se desarrollan en el medio rural y recogerá, según la consejera, «todos los aspectos que permitirán el mantenimiento de la población, la creación de empleo y que quede clara la capacidad del sector para movilizar el medio rural, que es el objetivo principal».
La creación de un ‘banco de tierras’, el fomento de las asociaciones de jóvenes para concentrar la producción y salir al mercado con más ventajas; la interlocución provincial con las organizaciones profesionales agrarias, la incorporación de nuevos profesionales, el reconocimiento de las organizaciones interprofesionales y las mejoras en la regulación de los órganos de gestión y control de las figuras de calidad, «que tienen deficiencias que hay que superar», son otros apartados de la futura ley.
En cuanto a la nueva figura de protección, Clemente aseguró que es un «problema serio» que no haya una salvaguarda, porque estos territorios «no pueden estar a merced de cualquier otra intervención». Lo lógico, dijo, es que se estime el valor económico de la zona, el histórico, el número de empleos y titulares y propietarios. El supuesto más claro, reconoció, es el de los viñedos de la Ribera del Duero, que podrían verse atravesados por la A-11. «Tiene que existir un mecanismo para que haya un informe y evaluación del impacto en el medio rural y no dejarlo hasta el último momento, cuando ya hay un proyecto sobre la mesa, para que haya una reivindicación social o una queja de propietarios», explicó.
Otra de las medidas más relevantes que incluye la Ley es la creación de un ‘banco de tierras’, que se pondrá en marcha en este 2012. Su principal objetivo será fomentar la incorporación de jóvenes y dar respuesta a la «paradoja» que supone la falta de acceso a la tierra en una Comunidad con un gran territorio. «Queremos que sea fácil encontrar las tierras disponibles a precios mejorados y atractivos por la acción de la Administración». Además, señaló que es una medida «absolutamente legal» y rechazó que colisione con los ayuntamientos, ya que algunos de ellos «se aprovechan de una situación de hecho que tenía que haber terminado, y no tenían que haber utilizado estas fincas».
Dentro de las iniciativas para favorecer la incorporación y el trabajo de los jóvenes, figura la creación de oficinas de emprendedores en el medio rural que deberán empezar a funcionar en este mismo semestre. Así, la Consejería tiene previsto establecer una carta de necesidades que pueden tener los jóvenes y ofrecer un apoyo técnico especializado, un asesoramiento para que cada uno pueda conocer las líneas de apoyo económico y el acceso directo a cualquiera de las posibilidades que les brinda la Administración.
La Ley también regulará la entrada de la participación del sector privado en la financiación y en la explotación de infraestructuras agrarias, no solo de regadíos, sino en aquellas actividades o sectores «que pueden tener un valor para investigación o promoción del sector privado en cuanto que la actividad esté directamente ligada a su negocio», como puede ser la producción de semillas, maquinaria e investigación para empresas de fertilizantes.
Por último, en materia de regadíos, recoge una regulación para que su ejecución esté vinculada al interés general cuando lo soliciten los agricultores, «para que se puedan acometer aunque no sean propietarios».
