El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy el proyecto de Ley por el que se regula la Renta Básica de Ciudadanía de Castilla y León que, posteriormente, pasará a tramitarse en las Cortes “con la mayor agilidad”. Además, el Gobierno regional se comprometió hoy a resolver las solicitudes de este “derecho subjetivo” de los ciudadanos de la Comunidad en un plazo máximo de tres meses desde que se presente la petición.
Así lo señaló el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien compareció en rueda de prensa junto con el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez. Antón no se atrevió a fijar una fecha de aprobación en el Parlamento regional, por lo que no precisó si podría ponerse en marcha antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el mes de junio.
En todo caso, Antón subrayó el doble carácter de este derecho subjetivo ya que, por un lado, establece el derecho a las personas que no perciben ningún ingreso a recibir esta prestación de 425,6 euros, al tiempo que le obliga a recibir un conjunto de actuaciones que le pretenden ayudar a salir de la situación de exclusión social. Precisamente, este proyecto de Ley introduce, dijo, un “nuevo concepto” de exclusión social, que puede darse por necesidades estructurales o coyunturales.
El documento, que según el consejero de Familia se ha aprobado “en tiempo récord”, en concreto de 101 días, establece que la cuantía básica mensual de la prestación de la Renta será el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El derecho a una Renta Garantizada de Ciudadanía a quienes se encuentren en situación de exclusión social está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recordó, para precisar que el proyecto aprobado hoy determina las condiciones de disfrute de este derecho.
Antón también destacó que el contenido del proyecto es fruto del consenso y fue acordado el pasado 28 de diciembre de 2009 en el Consejo del Diálogo Social, que reúne a la Junta de Castilla y León y a los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales).
Entre otros aspectos, el proyecto de Ley establece el carácter y finalidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía, sus beneficiarios, requisitos para su percepción, cuantía de la misma, normas de procedimiento para su percepción, acciones para superar la situación de exclusión social, órganos competentes para la gestión de la Renta y mecanismos de seguimiento y control.
El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como «la última red de protección», de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción.
