El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, enviará la próxima semana una carta al vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para celebrar una reunión de la comisión bilateral Junta-Estado en la que abordar las posibilidades que se abren, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, para que Castilla y León tenga protagonismo en la gestión de la cuenca del Duero, e incluso, asuma la competencia sobre la Policía del dominio hidráulico.
El Ejecutivo autonómico toma la iniciativa porque asume temporalmente la Presidencia de este órgano de interlocución. Así lo explicó ayer el portavoz en su intervención al término del Consejo de Gobierno de la Junta. De Santiago-Juárez recordó que tras la sentencia del TC que declara inconstitucional el artículo del Estatuto de Autonomía sobre la gestión del río Duero, el Gobierno se comprometió a estudiar diferentes vías para que la Comunidad pudiera participar de esas competencias.
Sin embargo, el consejero señaló que la petición del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no ha tenido contestación en estos seis meses por parte del Ejecutivo central. Por ello, el Gobierno autonómico ha decidido convocar la comisión que conforma la Junta y el Estado para estudiar las vías que maneja el Estado para Castilla y León y Andalucía, cuyo estatuto también fue declarado inconstitucional por incluir la competencia sobre el Guadalquivir. Entonces, el Ejecutivo nacional estableció una encomienda de gestión durante seis meses porque el gobierno andaluz ya había asumido las competencias, un acuerdo que expira a finales de este mes.
También, la Junta pedirá explicaciones al Gobierno sobre el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros del 26 de agosto sobre embargo preventivo de buques, pero que en una de sus disposiciones finales modifica la Ley de Aguas en lo relativo a la Policía del dominio hidráulico, ya que hasta ahora en las cuencas de carácter intercomunitario su gestión pertenecía a las confederaciones hidrográficas, es decir, al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).
La Junta cree que podría ser la “puerta legal” que ha buscado el Estado para solucionar el conflicto abierto con Andalucía, ya que este cambio normativo permitirá a las comunidades que en su estatuto fijen de forma expresa como competencia la Policía del domino hidráulico asumirla, lo que en la práctica supone que Andalucía, Cataluña y Aragón podrán tener responsabilidades sobre los guardas fluviales.
A juicio del portavoz, esta reforma rompe el principio de “unidad de cuenca”, defendido hasta ahora por el Estado, e introduce cambios de “calado” que debería haber sido negociado en el seno del Consejo Nacional de Aguas y del Consejo Asesor de medio Ambiente. “Se ha metido de aquella manera un 26 de agosto”, dijo De Santiago-Juárez, quien recordó que esta decisión se tomó en el Consejo de Ministros que acordó la reforma constitucional.
También, De Santiago-Juárez señaló que pedirán al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una solución y explicaciones, con independencia del adelanto electoral. Finalmente, el portavoz indicó que la Junta preguntará también por la disponibilidad de los fondos comprometidos por el Estado -75 millones- para financiar los proyectos de este año del Plan Plurianual de Convergencia Interior.
