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La Junta obligará por ley a pasar una inspección técnica a 200.000 viviendas

por Redacción
15 de julio de 2010
Emiliano Alonso (d) charla con Antonio Silván en un momento del encuentro que mantuvieron ambos. / Ical

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La Ley de derecho a la vivienda de Castilla y León, que se aprobará las Cortes previsiblemente el 24 de agosto en un pleno extraordinario, obligará a las viviendas de más de 40 años a pasar una inspección técnica que ya exigen los ayuntamientos de León y Valladolid. En la Comunidad, unas 200.000 viviendas deberán someterse a esta especie de ‘ITV’ para lo que la Junta convocará una línea de ayudas destinadas a las comunidades de propietarios que financiará entre el 20 y el 30 por ciento de su coste.

Así lo anunció ayer el consejero de Fomento, Antonio Silván, quien mantuvo un encuentro con el presidente de la Confederación castellana y leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso, en el que se abordó el contenido de la primera ley de acceso a la vivienda de la Comunidad. Allí sostuvo que la inspección será obligatoria ya que garantiza la seguridad y una mayor calidad de vida y, además, destacó que revaloriza los inmuebles. Aquellas que no cumplan los requisitos mínimos tendrán que ser rehabilitadas y su incumplimiento llevará aparejado sanciones.

También señaló que el Instituto de la Construcción de la Comunidad facilitará soporte tecnológico para la aplicación de la revisión, que se planteará en colaboración con los ayuntamientos. Silván recordó que en 2009 se otorgaron 4.400 ayudas a la rehabilitación de edificios. Además, en un libro de calidad recogerá se anotarán el haber superado estas revisiones.

Rehabilitaciones.

Asimismo, el titular de Fomento indicó que la norma, que verá pronto la luz, no sólo da un impulso al apartado de derechos y deberes, sino que representa una «oportunidad» para el sector ya que apuesta por la rehabilitación. De esta forma, avanzó que su departamento y la Confederación castellana y leonesa de la Construcción, a través de la Fundación Laboral de la Construcción y otras organizaciones, diseñarán un programa de cursos de formación sobre la rehabilitación de edificios y viviendas con el objetivo de mantener y crear empleos sostenibles ligados a la construcción.

En este sentido, Emiliano Alonso aseguró que estas actividades permitirán «reubicar» a muchos trabajadores en este subsector. Por ello, planteó la necesidad de «quintuplicar» la inversión destinada a la rehabilitación, que actualmente asciende en España a 0,18 céntimos por cada euro invertido, hasta alcanzar los 0,75 céntimos.

Asimismo, indicó que la ‘ITV’ de las viviendas, que se establecerá en colaboración con los ayuntamientos, permitirá crear un empleo «irrecuperable» por el sector de la construcción.

Tasa de ahorro elevada. Además, Alonso añadió que en estos momentos en el 80 por ciento de los hogares uno de sus miembros tiene trabajo y la tasa de ahorro es elevada por lo que pueden hacer un esfuerzo económico. Por ello, recordó que existen medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética y acústica como la aplicación de un tipo de IVA superreducido (Impuesto sobre el valor añadido) del cuatro por ciento o de exenciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además, el consejero destacó que la Ley de Vivienda también recogerá beneficios fiscales del cinco por ciento para actuaciones de eficiencia energética.

Por otra parte, Silván hizo mención a las actuaciones de las Áreas de Rehabilitación Integral. Antonio Silván destacó que actualmente el Ejecutivo autonómico desarrolla este programa en 50 áreas de Castilla y León y remarcó que esta iniciativa también «ayuda» a impulsar la sostenibilidad del empleo de la construcción.

El texto normativo se estructura en una exposición de motivos, nueve títulos, 108 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cuatro finales. El Título Preliminar establece los principios generales y el primero aborda las competencias en materia de vivienda y la coordinación entre las diferentes administraciones.

El segundo título regula la calidad de las viviendas y el tercero detalla los derechos de los compradores y los arrendatarios. Mientras, el cuarto regula el régimen de las viviendas protegidas y el quinto aborda el fomento del alquiler, el sexto establece los cauces de colaboración entre los ámbitos público y privado, el séptimo regula los órganos colegiados en materia de vivienda y recoge la creación del Consejo de la Vivienda y, finalmente, el último título está dedicado al régimen sancionador.

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