La Consejería de Hacienda tendrá que destinar este año unos 540 millones de euros para el pago de la deuda, lo que supone 151 millones y un 28 por ciento más de lo que se tuvo que presupuestar en 2011. De esta cantidad total, 223 millones -50 en deuda pública y el resto en préstamos- serán para amortizar los vencimientos previstos a lo largo del año 2012 y el resto serán los intereses de la deuda acumulada, según explicó la titular del Departamento, Pilar del Olmo.
De este modo, la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para este año, que la Junta tiene previsto presentar en las Cortes durante el mes de abril, llegarán condicionados por estos 540 millones de euros, pese a que Castilla y León es la cuarta comunidad con menos deuda pública respecto de su Producto Interior Bruto (PIB) y que se mantiene cuatro puntos por debajo de la media de las autonomías.
En concreto, Castilla y León debe actualmente 5.089,6 millones de euros, lo que supone un 8,8 por ciento de su PIB, frente al 12,6 por ciento de media entre las regiones españolas. Esta cifra global supone que cada castellano y leonés debe 1.992 euros, que son 884,6 menos de lo que se adeuda si tenemos en cuenta la media de las comunidades autónomas. Del total de la deuda, 4.594 millones corresponden a la Administración general; 105,3 a las universidades públicas, fundaciones y otros entes; 170 ,8 a las empresas públicas, y 219,6 millones corresponden a la Junta de Castilla y León por el contrato de concesión de obra pública del nuevo Hospital Universitario de Burgos.
Créditos cortos
«Esta deuda hay que pagarla, es una evidencia, pero hay que recordárselo a quienes piden todavía que se recurra a un mayor endeudamiento como forma de incrementar los ingresos de la Comunidad para que no se acuda a otras fuentes», indicó la consejera de Hacienda, quien explicó que en los últimos años los bancos no acceden a la concesión de préstamos a largo plazo, por lo que ahora lo normal es que los créditos sean sean a tres o cuatro años. «No es cierto que en los últimos tiempos la deuda sea una lacra que vayan a heredar las generaciones futuras porque los préstamos a largo plazo son cada vez más escasos y esos los tendremos que pagar nosotros mismos», señaló.
No obstante, y como consecuencia de las operaciones pasadas, menos del uno por ciento de la cartera de deuda, unos 38,3 millones, finalizará a corto plazo y la vida media de los créditos suscritos alcanza los 6,2 años. No obstante, la tendencia es que cada vez tenga un mayor peso la deuda a corto plazo: «antes podías planificar con los vencimientos y te permitía tener un calendario de pagos homogéneo; ahora en cambio tienes que coger los plazos que las entidades te dicen», manifestó la consejera.
En todo caso, el calendario de amortizaciones contempla un fuerte incremento entre los años 2014 y 2018, aunque la consejera confía en que para cuando lleguen esos años, la Comunidad haya vuelto a la senda del crecimiento y, de acuerdo con la ley de estabilidad, pueda crear un fondo de reserva para ir amortizándola o se esté en una situación de equilibrio financiero y se pueda refinanciar.
Liquidez
Sin embargo, Castilla y León no piensa acudir a los mercados financieros en las próximas semanas. Según la consejera, hay tesorería suficiente y no hay necesidad de nuevos créditos. La propia situación de las arcas autonómicas, junto con las medidas adoptadas por el Gobierno en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera han supuesto un respiro, en este sentido, para la Junta. Así, Pilar del Olmo solicitará de inmediato el 50 por ciento de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2010, lo que aportará en estos primeros meses del año a la Hacienda de Castilla y León unos 180 millones de euros. Del mismo modo, la ampliación a diez años del plazo de devolución de los fondos que la Comunidad debe al Gobierno central supondrá otro alivio que facilitará la liquidez en el Ejecutivo autonómico.
«Ello nos evitará, de momento, acudir a préstamos financieros», señaló Pilar del Olmo, que mostró también su confianza en que otras medidas para facilitar la liquidez como la posibilidad de acudir al ICO para financiar la deuda mercantil o el instrumento que diseña el Ministerio de Hacienda para mejorar las capacidades de endeudamiento «surtan efecto».
