La Junta pondrá en marcha el 1 de noviembre un servicio de apoyo «integral y pionero» de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que se ofrecerá a mediar en la renegociación de las deudas con las entidades bancarias y, además, habilitará otras medidas «preventivas», como el diseño de planes de economía familiar o «paliativas», si llega a producirse el desahucio, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, mantuvo una reunión con las diez entidades bancarias que se han adherido al servicio -Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter-, en el que también participarán la Consejería de Familia, que pilota y coordina el programa a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, la Consejería de Economía y Empleo, Fomento, el Colegio de Abogados y el de Registradores de la Propiedad, Cáritas, las nueve diputaciones y los 15 ayuntamientos de la Comunidad con más de 20.000 habitantes.
El objetivo es ofrecer un servicio unificado cuya «única puerta de acceso», en palabras de Marcos, será el teléfono 012 y que se apoyará en las 24 oficinas de información de las corporaciones locales antes mencionadas. Las entidades financieras participantes en el programa se han «comprometido» por su parte a establecer la figura de «un interlocutor único» por entidad, para facilitar así todo el proceso.
Milagros Marcos reiteró que este nuevo servicio no va a ofrecer «soluciones milagrosas», pero que tratará de «dar respuesta a cada caso». En ese sentido, avanzó que a la hora de renegociar la deuda de la familia se podrán manejar diversas opciones, como «un alquiler que compute como pago de la hipoteca, la restructuración de la propia deuda, el aplazamiento de las cuotas o la reducción de su importe». La consejera remarcó que en cada supuesto se estudiará «la mejor alternativa», entre las que tampoco se descarta «la dación en pago».
En el caso de que llegue el desahucio, el servicio habilitará «soluciones paliativas», como la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía o «programas de apoyo» como el conocido como «alquiler social», precisó la consejera, para insistir en que el programa no supondrá un desembolso adicional para ninguna de las instituciones públicas, ya que los 76 profesionales que trabajarán en él ya forman parte de sus plantillas.
Marcos insistió en que este servicio «pionero» nace con el objetivo de contribuir entre todos, desde el sector público y el privado, a paliar la angustiosa situación por la que atraviesan muchas familias castellanas y leonesas.
Asimismo, reiteró que va mucho más allá de las medidas adoptadas por el Gobierno central en el denominado Código de Buenas Prácticas porque llega a un mayor número de familias y además este servicio autonómico permite actuar con carácter previo a las situaciones reales de insolvencia, facilita la resolución de conflictos y proporciona a las entidades financieras una información analizada, trabajada y depurada que facilitará la evaluación del caso.
Una nueva pobreza
A este respecto, el presidente regional de Cáritas, Rafael del Río, alertó de la aparición de «una nueva pobreza muy difícil de solucionar, la ‘pobreza de la vergüenza’, que afecta a personas que ya tenían la vida hecha y que se han quedado sin sus trabajos». Por ello, alabó la pertinencia del servicio, «una idea realmente importante» aunque «no ayude a pagar» las deudas, ya que sí permitirá «negociar con las entidades financieras su retraso».
En los mismos términos se expresó el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, quien destacó que este nuevo programa «va a dar satisfacciones, pero no va a dar dinero». Igualmente, insistió en que la colaboración entre el Gobierno autonómico y las corporaciones locales en esta materia supone «un paso más en su perfecta sincronía» para mejorar la vida de los ciudadanos.
