Tras más de un año y medio de trabajo y más de 190 reuniones mantenidas por parte del equipo de la Consejería de la Presidencia, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, que ahora iniciará su tramitación en las Cortes. El texto, compromiso de legislatura del Ejecutivo autonómico, apuesta por el «mantenimiento y la mejora de los servicios esenciales en el territorio y la defensa de las políticas de proximidad», según explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
El consejero insistió en que el proyecto ha sido muy participado y cumple los acuerdos del pacto alcanzado entre Junta, PP y PSOE, además de reflejar las aportaciones de ciudadanos, ayuntamientos, diputaciones y la Federación Regional de Municipios y Provincias realizadas durante la tramitación.
De Santiago-Juárez explicó que también será muy participado el proceso para el desarrollo del mapa de las unidades básicas de ordenación, en el que se dará audiencia a los 2.248 municipios de la Comunidad, a las diputaciones y se someterá a información pública durante un mes. De Santiago-Juárez aseguró que todos los servicios que presta la Junta, fundamentalmente sociales, estarán adaptados al nuevo mapa de la Castilla y León «del siglo XXI» en un plazo de tres años tras la aprobación de la ley.
El proyecto consta de cinco títulos -la ordenación del territorio, los servicios en el territorio, la gobernanza local, las mancomunidades de interés general, la fusión de municipios- que se desarrollan en 63 artículos y se acompañan de nueve disposiciones adicionales, una derogatoria y quince finales.
Según señaló el portavoz, la ordenación del territorio parte de la creación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que podrán ser rurales y urbanas. Las de carácter rural agruparán a municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica, deberán tener entre 5.000 y 30.000 habitantes, o bien, en función de la densidad, cuando ésta sea menor a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y agrupe a cinco municipios como mínimo. Las unidades básicas urbanas se corresponderán con los municipios de más de 20.000 habitantes.
Las unidades básicas de ordenación serán la base para la planificación, programación, gestión y prestación de los servicios autonómicos. El proyecto de ley establece específicamente la escala para la prestación de determinados servicios en el medio rural: cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación; cada zona de acción social deberá coincidir con un mínimo de una unidad y un máximo de tres; para la educación obligatoria cada zona educativa deberá comprender como mínimo una unidad básica y un máximo de cinco y para salud pública cada demarcación deberá comprender un mínimo de dos unidades y un máximo de seis.
«La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios de las corporaciones locales a los ciudadanos es otra de las finalidades que persigue el proyecto», recordó De Santiago-Juárez. Para ello se desarrolla la figura de las mancomunidades de interés general, que podrán constituirse por asociación voluntaria de municipios y deberán coincidir sustancialmente con las unidades básicas de ordenación. El consejero informó que actualmente existen 241 mancomunidades en Castilla y León, pero no detalló el número deseado por la Junta una vez que se complete este proceso.
Las mancomunidades de interés general podrán ser rurales (asociación voluntaria de municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica) y urbanas (asociación entre municipios mayores de 20.000 habitantes y los de su entorno). Las mancomunidades rurales tendrán una cartera de servicios común y homogénea de competencias.
En este sentido, el consejero recordó que se primará en la financiación de la Comunidad a aquellos municipios que se configuren en mancomunidad, si bien no precisó de qué manera se llevaría a cabo esta prima, aunque recordó que en los presupuestos de este año hay una partida de 60 millones para cooperación local.
El proyecto de ley se refiere también a las diputaciones provinciales, ampliando su ámbito competencial con el apoyo que deben prestar a las mancomunidades de interés general rural, modernizando sus funciones y competencias, potenciando la coordinación y colaboración con la Junta en el marco de las comisiones provinciales de coordinación de Políticas Públicas en el Territorio, si bien aclaró que «no se vacían los municipios para llenar las diputaciones».
