Obra gafada, verdadero martirio… Estas y otras etiquetas han sido puestas sobre el proyecto de construcción de un pabellón polideportivo en los terrenos del colegio El Peñascal, del barrio de La Albuera, que sigue siendo objeto de múltiples vicisitudes, prórrogas y trámites administrativos sin fecha precisa para su conclusión.
La Junta de Castilla y León, con el acuerdo del Ayuntamiento de Segovia que cofinancia el proyecto, afronta el tercer proceso de contratación de esta obra que comenzó en noviembre de 2010, con un plazo de ejecución de diez meses. Si las últimas previsiones se cumplen, la infraestructura podría estar a disposición de la comunidad escolar y de los vecinos de Segovia en un plazo de cinco o seis meses, al comienzo de la primavera de 2015.
La gravedad de los últimos acontecimientos y la complejidad de este proceso hizo que el director general de Política Educativa Escolar, Fernando Sánchez-Pascuala; el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar; y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, asistieran ayer a la Comisión de Seguimiento de la obra del polideportivo de uso compartido del colegio ‘El Peñascal’ de Segovia, para explicar los últimos avatares a los padres de alumnos y al equipo directivo del centro educativo.
Sánchez-Pascuala informó de que la única solución viable es comenzar los trámites para la resolución del contrato con la actual empresa adjudicataria, Inporman Building (la segunda, después de la quiebra de Cadarso XXI ), e iniciar un expediente que puede derivar en la exigencia de responsabilidades por los daños causados y en la prohibición de volver a contratar con la Administración pública por conducta negligente.
La Dirección General de Política Educativa Escolar (que es el organismo adjudicatario) entiende que después de tres plazos incumplidos— incluidas dos prórrogas—, hay una “incapacidad manifiesta” por parte de la empresa adjudicataria para terminar los trabajos.
Además de negligente, la empresa a la que ya se ha penalizado con sanciones de cerca de 30.000 euros, según los representantes institucionales, ha obstaculizado la cesión de la obra a la constructora Dragados S.A. que desde el mes de agosto estaba dispuesta a asumir la conclusión de este proyecto. El acuerdo entre particulares, que hubiera acortado la espera hasta la inauguración del pabellón, “no ha sido posible” por las condiciones “inasumibles” que pretendía imponer la adjudicataria a la receptora, según Sánchez Pascuala.
En este tema, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento caminan en sintonía según evidenciaron las manifestaciones hechas ayer por la alcaldesa, Clara Luquero. “Hay que reconocer que en este punto, la única opción legal era la rescisión del contrato”, aseguró la alcaldesa para afirmar de forma contundente que la Administración pública “no puede dejarse doblegar” “ni puede caer en manos de empresas incumplidoras y negligentes”. Para Clara Luquero la atención debe centrarse en estos momentos en resolver las necesidades urgentes de la comunidad educativa, sin espacio para la práctica deportiva, y en encauzar el proceso administrativo para culminar, lo antes posible y de una vez, la obra.
Sánchez-Pascuala estima que la resolución del contrato con Inporman se solventará este mes de octubre. A partir de ahí correrá un plazo de dos meses, que llega a final de año, para llevar a cabo la nueva adjudicación. Para agilizar al máximo la finalización de los trabajos, se recurrirá a la adjudicación de las obras a través de procedimiento negociado, lo que reduce sustancialmente los plazos con respecto a la convocatoria de un concurso que llevaría cerca de medio año para su resolución. El proceso negociado tendrá un carácter extraordinario, para evitar las limitaciones económicas que marca la ley para estos procesos. Sánchez-Pascuala recuerda que la excepcionalidad se justifica por “causas de urgencias y sobrevenidas”, condiciones que se cumplen en este caso.
La Administración educativa estima que quedan dos o tres meses de trabajo para poder dar por terminado el polideportivo, según los cálculos que en verano hizo la empresa Dragados.
Otra cuestión diferente es, según precisó Sánchez-Pascuala, el montante económico que queda por invertir, entre 400.000 y 500.000 euros sobre una obra presupuestada en 820.000 euros, financiados a partes iguales por el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León. Hasta el momento se han pagado certificaciones parciales por valor de 300.000 euros.
