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La Junta acepta con «moderada satisfacción» el «insuficiente» modelo de financiación autonómica

por Redacción
22 de diciembre de 2009
en Castilla y León
La consejera de Hacienda llega a la Comisión de Transferencias acompañada por el portavoz socialista

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La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, destacó ayer su «moderada satisfacción» tras aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica porque finalmente los recursos adicionales que la Comunidad recibirá antes del 1 de enero de 2010 llegarán a los 284 millones de euros sobre los 171 ofertados por el Gobierno el pasado viernes.

Tras un fin de semana de negociaciones, la responsable de Hacienda asistió a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad, en el Ministerio de Política Territorial, para «aceptar» el nuevo sistema, un requisito previo para su entrada en vigor.

El representante de Hacienda presentó por escrito una estimación de lo que va a ser el anticipo de Tesorería que llegará a la Comunidad antes del 1 de enero de 2010. Los 284 millones de euros que la Comunidad recibirá finalmente representan el 70 por ciento de los recursos adicionales que se incorporan en 2009, ya que el Gobierno se comprometió a aplicar el modelo con retroactividad, a fecha 1 de enero de este año.

Aunque en este ejercicio no se llegan a los 500 millones de euros de recursos adicionales estimados por el Gobierno para la Comunidad, la cifra de 284 millones de euros es «totalmente compatible» con ese objetivo, destacó la consejera, ya que el resto se irá incorporando a lo largo de 2010 y 2011. Además, la Comunidad recibirá otros 11,7 millones de euros derivados del ajuste del Impuesto de Patrimonio. Dos aspectos del acuerdo que la consejera calificó como «bastante positivos» y que suponen que el Gobierno «ha cumplido» con lo comunicado en su momento a Castilla y León.

Sin embargo, Del Olmo reiteró que «no es el modelo que querían los castellanos y leoneses» porque «deja muchas cosas en el tintero» y «no compensa de manera suficiente el coste de la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento de la población». La consejera destacó que Castilla y León es la sexta comunidad por población y la quinta por PIB, razones «por las que los recursos adicionales deberían haber sido mayores».

También lamentó que finalmente no se aprobara en el Congreso la enmienda del PP en la que se pedía aumentar los fondos por baja densidad y la dispersión de cincuenta a 250 en cada caso, lo que hubiera supuesto cien millones de euros más para la Comunidad.

«El modelo sigue siendo insuficiente, pero por lo menos el Gobierno ha cumplido con la cantidad adicional prometida», apuntó la responsable de Hacienda al término de la reunión.

Del Olmo explicó que la Consejería de Hacienda también ha planteado una serie de modificaciones al texto del acuerdo que finalmente no se han incorporado porque el convenio será igual para todas las comunidades autónomas, cuyos representantes acudieron a lo largo de la mañana de ayer a firmarlo. Sin embargo, las cifras aportadas por el Ministerio de Economía y Hacienda serán adjuntadas al acta, según informó Pilar del Olmo a la conclusión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Castilla y León.

Por su parte, el Gobierno, a través de un comunicado destaca que el nuevo sistema «dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las comunidades», ya que contarán con más capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50 por ciento del IRPF y el IVA y el 58 por ciento de los Impuestos Especiales. En el sistema anterior, el 70 por ciento de los recursos de las comunidades provenía de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, mientras que con el nuevo modelo ese porcentaje sube al 90 por ciento. Además, el Estado aporta 11.000 millones de euros adicionales.

Asimismo, el Ministerio de Política Territorial insiste en que el modelo tiene en cuenta los aumentos de población desde 1999, año base del anterior sistema, y se regirá por criterios de población ajustada, que «reflejan mejor las diferencias de coste de la prestación de los servicios en las comunidades». Según el Gobierno, la nueva ley pondera más factores como la edad, en el que se definen siete grupos, el envejecimiento o la población escolar, «dando mayor ponderación a factores no poblacionales como la dispersión, la insularidad y la superficie».

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