La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en un informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción, valora que no existe conexión entre las anotaciones de ingresos por donaciones presuntamente recibidas por el PP que se reflejan en los «papeles de Bárcenas» y las adjudicaciones de contratos públicos.
Anticorrupción, que se opone en un escrito a la imputación de 15 nuevos empresarios y a la de los exsecretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, apunta también que la formación política, como persona jurídica, no ha podido cometer delito contable porque como partido «no participa de manera permanente en el mercado».
Interior insiste en que los hechos imputados a los empresarios que presuntamente donaron dinero a la formación no son constitutivos de delito y recuerda que, en aplicación de la jurisprudencia aportada por el Tribunal Supremo «no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, sin aportar un indicio objetivo de su realidad».
Respecto a la imputación de los exsecretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, que solicitó al juez Ruz a petición de IU, el Ministerio Público se opuso, lo mismo que a las solicitudes incluidas en la ampliación de querella de la acusación popular integrada por IU, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes, que incluían al marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro y a otros 14 sospechosos de haber efectuado donaciones a los populares.
Los querellantes pedían la imputación de López del Hierro por su aparición en los papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad B del PP por apuntes contables que aparecen en los años 90. En concreto, se le señala como directivo de Construccion Y Gestion De Servicios S.A (Grupo ONCE) en los años 1997 y 1998, apoderado de Constructora Continental S.A desde 1991 y consejero de Renta Corporación Real Estate de Metrovacesa y Barney Newco S.A.
La acusación atribuía a todos ellos entre 10 y 12 delitos, entre ellos prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Además, la ampliación introduce la posibilidad de la comisión de otro delito, el contable, por parte de las entidades que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas. En cuanto a Acebes y Álvarez Cascos, el fiscal Antonio Romeral defiende que no puede imputárseles la comisión de delito alguno y precisó que las cuotas que presuntamente recibieron y que quedaron reflejadas en los papeles, carecen de «relevancia jurídico penal».
«Los pagos que se dicen hechos, aunque resultaren acreditados y no se hubieren declarado a Hacienda, carecen de relevancia jurídico penal, pues atendiendo a su cuantía y ejercicios, la cuota impagada resultante en modo alguno alcanzaría la establecida en el Código Penal», indicó el fiscal Antonio Romeral.
A la vez que unos no pasarán por el juzgado, otros se intentan zafar de la cárcel. Así, la defensa del extesorero popular volvió a reclamar ayer a Ruz su puesta en libertad, al considerar que su estancia en la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que se encuentra desde el pasado 28 de junio, le está causando «perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico». Así consta en un escrito en el que el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, señalaba que el riesgo de fuga de su cliente es «inexistente» y que no tiene «ningún estímulo» para «sustraerse a la acción de la Justicia ni para neutralizar elementos del prueba».
