En la guerra de guerrillas que se libra en el panorama político español, el juicio por los errores en las identificaciones de las víctimas del Yak-42 es un terreno muy propicio para que el Gobierno le devuelva al PP los golpes que los populares propinan cada día a Zapatero a costa de la crisis y la retirada de Kosovo. Y lo es porque afecta de manera muy directa al ex ministro de Defensa Federico Trillo, hoy responsable de Justicia de la formación conservadora y, por elevación, también al ex presidente Aznar y a sus ministros, Rajoy incluido.
Lo cierto es que, al margen de la intencionalidad política del acoso, la posición de Trillo es cada vez más precaria, después de que varios de los testigos que han pasado por la Audiencia durante el juicio pusieran de manifiesto que los altos mandos militares advirtieron a Defensa de que una treintena de cadáveres habían llegado a España sin estar correctamente identificados y, pese a ello, el Ejecutivo insistió en proseguir con los funerales.
Precisamente para aclarar hasta qué punto tal circunstancia es verdadera o, si como han sostenido otros comparecientes, los políticos no tenían conocimiento de las irregularidades que se cometieron durante el proceso de filiación de los restos, el Ministerio Público quiere subir al estrado al que fuera número tres de Trillo cuando ocurrió el siniestro, el secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte. Según el teniente fiscal, Fernando Burgos, su presencia es necesaria, puesto que ofrecerá una «visión de conjunto razonable y admisible» que ayudaría a desvelar la «verdad histórica» de los hechos.
Además, la Fiscalía tiene interés en conocer el punto de vista de Jiménez no solo debido a su cargo en Defensa, sino también por las entrevistas que mantuvo con los familiares de los fallecidos cuando éstos comenzaron a sospechar que las identificaciones se habían realizado erróneamente y le pidieron explicaciones.
De hecho, el jueves, Carlos Ripollés, hermano de uno de los fallecidos, denunció que sus encuentros con el jefe de Política de Defensa fueron «humillantes», porque «se volvía loco y gritaba como un energúmeno».
Además del subordinado de Trillo, el Ministerio Público quiere oír el testimonio del fiscal general de Trebisonda, Burham Cobanoglu; el director del instituto forense de Estambul, Keramettin Kurt, así como de los cuatro médicos que intervinieron en la identificación de los 62 fallecidos.
Respecto de Cobanoglu explicó que era la máxima autoridad que estuvo presente en la lonja habilitada como morgue en la que se desarrollaron las labores de identificación y que «dio órdenes directas» al general José Antonio Beltrán, que coordinó la operación de recuperación de los fallecidos, y al general Navarro. En relación con los otros cuatro profesionales otomanos, subrayó que intervinieron «directamente» en el examen de los cuerpos, y que se ha producido una «contradicción flagrante» respecto a lo que manifestaron en la fase de instrucción.
Pese a tales argumentos, el tribunal aplazó la decisión de si admitir o no las comparecencias hasta que concluya la fase testifical, previsiblemente el martes, día en que declarará el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército (Jeme), Luis Alejandre. Antes de que el fiscal realizara sus peticiones, el tribunal escuchó el testimonio del teniente coronel Coca, que fue quien aconsejó al comandante médico José Ramírez y al capitán Miguel Sáez -acusados junto al general Navarro- que firmara los informes de necropsia que realizaron en la base de Torrejón el 28 de mayo con fecha del día anterior. «Entendí que debía ponerse la fecha del día en el que se tomaron los datos de los cadáveres», argumentó antes de añadir que «es una práctica habitual en las autopsias».
El juicio continuará el lunes con los testimonios por videoconferencia de las autoridades judiciales turcas.
Hasta entonces, los implicados podrán deleitarse con la interpretación del caso que ayer hizo en su página de internet el número dos del PSOE, José Blanco. A juicio del gallego, «el enmudecimiento repentino» de Aznar, Rajoy y Trillo abre «la caja de las sospechas» sobre su actuación en el accidente del Yak-42, presidida por «la mala gestión, el poco tacto, la insensibilidad y la mentira» con que, su juicio, trataron a los familiares.
