La economía sumergida supone en Segovia el 30,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), la tasa más alta de toda Castilla y León, según los últimos datos aportados por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que sitúan la economía sumergida en el conjunto de la Comunidad en el 25 por ciento del PIB.
Según el ‘Informe de economía sumergida’ elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda, en Castilla y León la recaudación tributaria adicional, si se redujera la economía sumergida en 10 puntos del PIB, sería de 1.360.249 euros, y la adicional de cuotas sociales para el mismo supuesto ascendería a 694.119 euros.
Por provincias cabe destacar que son Segovia (30,3%), León (28,5%) y Zamora (26%), porcentualmente, las provincias con mayor fraude fiscal y laboral, mientras que Ávila (19,8%) y Palencia (20,7%) las que menos.
A la luz de estos datos, correspondientes al año 1999, la Federación de Autónomos de Castilla y León (FEACyL) valora muy positivamente el anteproyecto de Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude, expuesto a información pública y que incluye una batería de modificaciones normativas sobre la Ley General Tributaria y sobre diversos Tributos, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido, y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La lucha contra el fraude y la evasión de impuestos, para el presidente de FEACYL, Javier Cepedano, ha de entenderse como un elemento principal con el garantizar la justicia y la equidad del sistema tributario, con el que por otra parte, destaca Cepedano, se contribuye al sostenimiento de los gastos públicos.
Por ello desde FEACYL se considera muy acertada esta iniciativa que intenta luchar contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos, si bien quiere dejar constancia y recordar al Gobierno que ha de tener en consideración y sopesar antes de añadir cargas impositivas y aumentar la presión fiscal que éstas no supongan una mayor carga a la gestión económica y administrativa de la empresa.
Desde FEACYL se considera que para luchar contra el fraude fiscal es necesario incrementar la vigilancia y el control, así como es necesaria una simplificación en la tramitación y dar una mayor agilidad en la gestión de cobros y pagos. Desde la Federación de Autónomos de Castilla y León se considera conveniente, y así se ha hecho llegar a través de CEAT al Ministerio de Hacienda, una redacción simplificada y compilada de la normativa tributaria que afecta a los empresarios autónomos, para facilitar su cumplimiento.
