El presupuesto de la Cámara Agraria de Segovia se ha reducido un 70% y la entidad se ve incapaz a hacer frente a gastos corrientes, como la nómina de este mes de los seis empleados de la plantilla de personal laboral, o garantizar el mantenimiento de los servicios que presta, por ejemplo, a través de ocho oficinas comarcales y 264 juntas agropecuarias locales.
Su presidente, Eduardo Herguedas, informó ayer, tras el pleno celebrado en la Cámara, que se había acordado enviar un escrito al resto de las cámaras agrarias de Castilla y León para hacer “frente común” y negociar con la Consejería de Agricultura la viabilidad de las mismas, comprometida por la fuerte reducción presupuestaria.
Herguedas explicó, sin embargo, que la Cámara Provincial de Segovia no ha recibido ninguna comunicación por escrito de la Consejería pero sí sabe que se han mantenido reuniones en Valladolid, de forma separada, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias.
El presidente de la Cámara Agraria explicó que “estamos en junio y todavía no se ha producido ninguna asignación lo que nos está llevando a la estrangulación económica. No podemos pagar a los trabajadores y no se nos ofrece otra salida”. Para Herguedas, se ha incumplido el acuerdo de financiación que permitía mantener un trabajador por cada 35 juntas agropecuarias, ratio que en la provincia se eleva a más de cuarenta.
El responsable de la entidad recuerda los servicios que ofrece la Cámara a través de su red de oficinas y de las juntas agropecuarias locales, “muy importantes en la provincia por el tema de pastos”.
Empleados.- Los 61 trabajadores de las nueve cámaras agrarias de Castilla y León se reunieron el pasado viernes en Valladolid para abordar el problema al que se enfrentan por la insuficiente asignación presupuestaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería y acordaron solicitar una reunión con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera para trasladarle su preocupación por este motivo. Las cámara agrarias son entidades con más de un siglo de antigüedad y en la actualidad se rigen por la Ley 1/1995, de 6 de abril, de Cámaras Agrarias de Castilla y León. En este sentido, son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía, aunque para el cumplimiento de sus fines reciben aportación económica de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
