Parece que la sala de máquinas de La Moncloa está funcionando estos días a pleno rendimiento. Tras las iniciativas de apoyo a los emprendedores, que han sido bien acogidas por este sector y muy poco criticadas por el PSOE, ahora llega uno de los asuntos más delicados, el del objetivo del déficit de las comunidades. Así, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se reunirá hoy con sus presidentes regionales en la sede de Génova para buscar un acuerdo en el reparto del déficit público, después de las posiciones enfrentadas entre los barones del PP a favor y en contra del déficit a la carta.
Todos los mandatarios conservadores han confirmado su asistencia a este almuerzo con Rajoy -dos días antes de que Bruselas haga oficial el objetivo del 1,2 por ciento del PIB- y que incluirá una foto de familia de los asistentes.
También asistirán el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y los tres vicesecretarios del partido, Carlos Floriano (Organización), Javier Arenas (Política Autonómica) y Esteban González Pons (Estudios y Programas).
Con este encuentro, Rajoy quiere acercar posiciones. Hace una semana se mostró convencido de que llegarán a un «entendimiento», y se comprometió a llevar a cabo una «distribución ordenada» en el reparto de los nuevos objetivos entre todas las Administraciones públicas.
El presidente del Gobierno admitió también que quien tomará la última decisión sobre el déficit autonómico es él, pero prefiere hacerlo previo pacto y diálogo con las comunidades. Aunque entre éstas, no parece fácil el acercamiento.
Varios Ejecutivos regionales del PP llevan semanas manteniendo sus posturas inamovibles a favor y en contra de objetivos diferenciados. Entre las primeras, la más reivindicativa es la Comunidad Valenciana, que sustenta sus argumentos en informes de expertos para demostrar que el descubierto que sufre le impide cumplir el objetivo de déficit. Si otras autonomías recibieran lo que ella, asegura el equipo de Alberto Fabra, tampoco hubieran salido bien paradas en 2012.
Pero entre las que se oponen la firmeza no es menor. El extremeño José Antonio Monago reiteró el pasado viernes que exigirá que no haya tratos diferenciales con el déficit. Su malestar por esta posibilidad defendida por los territorios del llamado arco mediterráneo, tres de ellos de su propio partido, le llevó a hacer un contundente juego de palabras hace unas semanas: «Ellos tienen el arco, pero yo tengo la flecha».
En medio del debate se encuentra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que insiste en la necesidad de dialogar y demanda «criterios objetivos y no políticos» para el reparto de déficit, con «discriminación positiva» para las comunidades cumplidoras.
También Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, que ha visto cómo Génova apoya su iniciativa de reducir el número de diputados, no deja de repetir que las regiones que en 2012 aprobaron el examen, como la suya, no pueden salir perjudicadas y deben de tener algún tipo de compensación. Sin embargo, el propio presidente del Gobierno reiteró el mensaje de que el mejor premio para los Gabinetes regionales es haber hecho los deberes y consolidar una credibilidad como gestor público.
En este contexto, la Comisión Europea dictaminará el próximo miércoles si el nuevo plan de reformas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 26 de abril es suficiente para corregir los desequilibrios excesivos detectados en la economía, en particular la elevada tasa de paro y el alto endeudamiento público y privado.
El ajuste de las pensiones, para 2014
El comité de sabios designado por el Gobierno para aconsejarle sobre este espinoso asunto apuesta por ligar prestación a esperanza de vida y abre la puerta a bajadas futuras.
Los expertos lo tienen claro. Dicen que la gran reforma de las pensiones debe comenzar de inmediato, el próximo año, es decir, 18 meses antes de lo previsto, y debe estar asociada al factor de la sostenibilidad, según publicó ayer un periódico de tirada nacional que tuvo acceso al texto. El informe que estudiarán hoy en su última reunión la docena de sabios designados por el Gobierno para aconsejarle postula una doble vía de ajuste: una, que afecta a los pensionistas presentes y a los futuros, vincula la actualización anual de las prestaciones a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema, acabando con la actual relación directa entre esa actualización y el índice de precios; otra, ya para los futuros jubilados, liga el cálculo de sus pensiones a la esperanza de vida.
La vía planteada también abre la puerta a bajadas en las pensiones futuras.
Con este documento no definitivo, los expertos se sitúan en línea con las exigencias de Bruselas, donde exigen que el factor de sostenibilidad entre en vigor antes de 2032 y creen que la reforma de pensiones de 2011, aunque bien orientada, es insuficiente. Lo que no hacen los investigadores es recomendar un adelanto de la llegada de la edad legal de jubilación (ahora previsto en 2027). Pero sí que se establecen importantes mecanismos de ajuste y contención de gasto.
