La Consejería de Agricultura y Ganadería cerró ayer en el seno del Consejo Regional Agrario, una postura conjunta de Comunidad para la negociación con el Ministerio de la aplicación de la reforma de la PAC, con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) informó hoy, a través de un comunicado de prensa, de que el cuerdo ha quedado plasmado en el documento denominado “Posición Común de Castilla y León sobre la aplicación en España de la Reforma de la PAC 2014-2020”, que será defendido por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en la reunión que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebrará los días 24 y 25 de julio de 2013.
UCCL recuerda que con este acuerdo se da cumplimiento al compromiso que se alcanzó en la reunión mantenida el pasado 29 de mayo de este año, entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el equipo directivo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con Silvia Clemente a la cabeza, y las organizaciones agrarias regionales. Entoces se asumió el compromiso de reeditar el acuerdo alcanzado en 2011 sobre la Reforma de la PAC, que se logró ayer, tras varias reuniones del Consejo Regional Agrario.
La opa explica que en el documento de Comunidad, se comparte la aplicación de un modelo nacional, siempre que “garantice las singularidades y sectores productivos de Castilla y en esencia, mantenga la viabilidad de todos los cultivos y sectores ganaderos y no se produzca trasvases entre territorios y mucho menos entre sectores”.
Los puntos a tratar. En cuanto al concepto de agricultor activo y actividad Agraria, se destaca, siempre según UCCL, que “se apoye de forma prioritaria a quien ejerce de forma efectiva la actividad agraria y participe activamente en el desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural”. Además, se aboga por la necesidad de establecer “requisitos adicionales” para considerar una actividad agraria significativa, cotizantes a la Seguridad Social por la actividad agraria, tributar por el régimen fiscal que corresponda y obtener un nivel mínimo de rentas procedentes de la actividad agraria, en definitiva que ejerzan la actividad agraria como principal.
Por lo que se refiere a la limitación de la superficie admisible, las hectáreas admisibles deben ser tierras destinadas a cultivos arables y permanentes con un adecuado mantenimiento, y en el caso de las superficies de pastos, deben ir vinculadas a explotaciones ganaderas con un censo proporcional adecuado a su aprovechamiento.
Por último, en relación a las ayudas asociadas, se apuesta por utilizar el porcentaje de financiación máximo, con el fin de apoyar a sectores con problemas específicos por ser más vulnerables desde el punto de vista económico, social o medioambiental, o que en su caso no respondan al modelo general basado en la disposición de base territorial.
