La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que «la sociedad española ya es suficientemente madura» para aceptar que las autoridades sanitarias prohiban el consumo de cigarrillos en todos los lugares públicos y de ocio, endureciendo así la Ley Antitabaco vigente.
Según Jiménez, la norma puesta marcha en 2006 «fue buena en su momento ya que nos habituó a dejar de fumar en los centros de trabajo y en determinados lugares públicos, generando una cultura y un hábito en los españoles que se ha ido consolidando. Sin embargo, todavía existen lagunas e indefiniciones en la aplicación de la ley, como si se puede fumar o no en todos los lugares públicos de ocio», indicó.
Según encuestas realizadas por el Ministerio, el 70 por ciento de los españoles estaría de acuerdo con una prohibición total y con no dejar la decisión en manos de los propietarios de los establecimientos. «A casi todo el mundo le apetece entrar en un lugar en el que no le moleste el humo, fume o no, porque siempre será un espacio más agradable», apuntó Jiménez.
La mayor parte de los países de la Unión Europea tienen en vigor prohibiciones sobre el consumo tabaco en lugares públicos y medios de transporte, aunque con distintos grados de severidad. Entre los más estrictos figuran Irlanda, Italia, Francia o el Reino Unido, donde no se puede fumar en ningún recinto cerrado y el precio del tabaco es mayor que en España.
