El presidente de la Junta y del PP en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se comprometió ante Rajoy a «favorecer todos los posibles acuerdos» sobre el reparto del déficit en el Consejo de Política Fiscal y aseguró que la Comunidad será solidaria con otras regiones que lealmente puedan necesitar más fondos, siempre que no se destinen «a caprichos o para estados imaginarios», sino para mantener servicios básicos para los ciudadanos, «que son tan españoles como nosotros».
Herrera, durante la clausura de la XIX Interparlamentaria, ofreció esta mano tendida después de reclamar que el debate sobre el reparto del déficit se produzca en el CPFF y no a través de declaraciones y de dejar claro que la primera opción de Castilla y León sigue siendo un déficit similar para todas las comunidades para que «no se penalice ni desincentive» a las que han realizado más esfuerzo.
Reclamó un reparto proporcional del objetivo del gasto público real de cada administración, es decir, que a los Gobiernos autonómicos les corresponda el 35% del déficit que se contempla para España. Insistió refiriéndose en primera persona a Montoro, allí presente, que en este reparto se atienda a «la naturaleza estructural y poco flexible» del que corresponde gestionar a las autonomías y al esfuerzo «especialmente intenso» que éstas han hecho en 2012, año en el que protagonizaron el 70% de reducción del gasto.
Previamente, Herrera reconoció que tal vez todos han precipitado un debate público «poco favorecedor de acuerdos» pero, señaló, esta situación ha estado muy condicionada por la actitud irritante de algún Gobierno autonómico, que ha sido el primero en exigir un «margen más ventajoso que el de los demás, pero para emplearlo precisamente en separarse de los demás», en referencia a Cataluña. Con todo, denunció que el problema de fondo, en materia de financiación, reside en un sistema vigente, impuesto hace cinco años, que en su opinión «no satisface a nadie», por ser «fallido, decreciente en solidaridad, insuficiente para asegurar los recursos ordinarios y que condena a un déficit crónico».
El otro gran motivo de discrepancia con Montoro -la reforma de la Administración local- también tuvo su espacio. En este punto, fue claro: «no me resigno a que más de 2.000 alcaldes de Castilla y León sólo estén para ponerse la banda el día de la patrona porque nosotros sabemos la trascendental labor política y social que desempeñan».
Por ello, reclamó una reforma que «atienda a la realidad» y «valore la importancia del municipalismo» y, en este sentido, indicó que debe reconocer unos plazos y condiciones realistas para su adaptación a esa nueva normativa, y para que en paralelo los municipios de la región puedan hacer uso de los nuevos instrumentos de asociación voluntaria que les va a ofrecer la normativa autonómica, para ayudarles a «seguir adelante» con su autonomía y sus competencias, y a cumplir las nuevas exigencias y condiciones de la normativa estatal.
