El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, se mostró convencido ayer de que el presidente, Juan Vicente Herrera, hará una ronda con los agentes sociales para llevar una posición de comunidad a la Conferencia de Presidentes convocada para el 14 de diciembre.
De Santiago-Juárez reiteró que la Conferencia de Presidentes debe analizar los «problemas reales» que tienen los ciudadanos y, entre ellos, la crisis que sufren los agricultores y ganaderos. Al respecto, confirmó que han remitido una carta al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en la que le piden que «por favor» se incluya en el orden del día la situación de agricultores y ganaderos.
La Junta quiere que el Gobierno fije una política de estado sobre este sector y que la traslade a la Unión Europea en el semestre en que ejerce la Presidencia con el objetivo de que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se mantengan a partir de 2013, explicó durante la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno.
Sin comunicación oficial del Gobierno sobre la convocatoria, que se conoce por el anuncio Chaves el pasado martes, el consejero portavoz volvió a criticar que en el orden del día figuren materias como el reglamento interno de la conferencia, que es una materia, a su entender, que importa poco a los ciudadanos.
Igualmente, se refirió a otra de las materias que el Gobierno tiene previsto tratar en la cita con los presidentes autonómicos, como es la ley de Economía Sostenible, y subrayó que se va a informar de un texto que ya habrá sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Al margen de este asunto, el consejero portavoz cargó también las tintas contra el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero por lo que entiende como incumplimiento del acuerdo del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Así, recordó que, como ya expusiera Herrera en el pleno del pasado martes en las Cortes, hay 75 millones prometidos por el Gobierno central que no aparecen recogidos en los presupuestos generales para 2010. Por ello, De Santiago-Juárez advirtió que el acuerdo no será total, sino que estará en función del «dinero que ponga sobre la mesa».
En este sentido, subrayó que la aportación regional está clara, tanto en las inversiones de las consejerías como en las empresas públicas, y la Junta «no retirará ni un euro» de la cantidad que le corresponde, que son 150 millones.
Ante lo que entienden, pues, como un incumplimiento de la aportación a partes iguales de 900 millones durante tres años, acordada por los presidentes de los ejecutivos central y autonómico, De Santiago-Juárez también opinó que el líder autonómico socialista «ha sido desautorizado» por el Gobierno, dado que en las bases acordadas con Herrera figura esa cantidad.
Además, afeó al Grupo Socialista que en el pasado debate de política general votara en contra de la resolución popular en la que se instó a la Junta a requerir al Gobierno de la nación su implicación económica en el Plan de Convergencia. «Votaron en contra, y hasta ahora, por prudencia, no lo hemos recordado», concluyó.
