De acuerdo con los compromisos adquiridos al inicio de esta legislatura por Miguel Arias Cañete, el Ministerio de Agricultura trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para modificar la actual normativa sobre alquileres rústicos. El objetivo de la nueva disposición será lograr una mayor movilidad de la tierra desde la perspectiva de ofrecer seguridad tanto a los propietarios como a quienes se conviertan en arrendatarios. Igualmente se pretende no frenar la posibilidad de un aumento de las explotaciones no fijando un techo máximo de tierra arrendada por persona, algo que se contempla en la normativa en vigor. Otro reto es adaptar también la actual legislación a una serie de cambios obligados por la reforma de la Política Agrícola Común.
La política en este asunto ha estado siempre ligada a la polémica, fundamentalmente en lo que se refiere a los plazos, donde han existido siempre dos posiciones confrontadas. Desde unas posiciones se defienden unos plazos cortos para dar seguridad a los propietarios y que no vean el alquiler como una pérdida ante la imposibilidad de utilizar las mismas ante una emergencia económica. En la parte contraria, están los trabajadores que defienden plazos más largos para poder programar sus inversiones en medios de producción y muy especialmente para la compra y la amortización de la maquinaria.
La ley actual de 2005, elaborada bajo el mandato socialista que modificó otra de 2003 aprobada con los populares, contempla un plazo inicial de cinco años de arrendamiento que se puede prorrogar indefinidamente por períodos de otros cinco si un año antes de que finalice cada uno de esos períodos, el propietario no comunica al arrendatario su deseo de recuperar las tierras.
Frente a esa disposición, la Administración trabaja con la idea de que ese plazo actual se rebaje a tres, y con ello se estima que se daría seguridad al dueño sobre una pronta recuperación de sus tierras, con lo que se produciría una mayor movilidad de las mismas. Desde la perspectiva de los intereses de los arrendatarios, con el fin de que los mismos puedan programar sus inversiones a un plazo más largo, se contempla la opción de libertad de pacto a la hora de suscribir el contrato, lo que supone la posibilidad de que ambas partes firmen las condicione que sean las más favorables para sus respectivos intereses.
Junto a esos cambios, la nueva disposición abordará igualmente lo referido a los techos fijados en la disposición actual sobre el volumen máximo de tierra en manos de un inquilino. La ley de 2005 contempla que no pueden ser arrendatarios las personas físicas que por sí o por persona física o jurídica interpuesta fuera ya titular de una o de varias explotaciones agrarias cuyas dimensiones excedieran de un total de 50 hectáreas en regadío y de 500 en secanos. Esos topes se podían modificar en cada comunidad autónoma en función de los tipos de explotaciones existentes, pero en ningún caso pueden superarlos. En el caso de superficies para pastos, el límite está situado en 1.000 hectáreas en régimen extensivo. Cuando se trate de cooperativas agrarias, se aplican para cada uno de los socios.
Para los responsables de Agricultura, no tiene ningún sentido limitar el tamaño de las superficies en cuanto el mismo es un factor importante para mejorar competitividad y la productividad, aunque el tamaño de las explotaciones no sea siempre un elemento que asegure una mejora en la eficiencia de las mismas
La ley en vigor contiene, además, una serie de condiciones para que los extranjeros también puedan optar. Podrán hacerlo quienes sean ciudadanos de un país comunitario, los de otros países ya con residencia en España y de terceros también siempre que exista un convenio. Aunque en España no se producen fenómenos de inversiones masivas por parte de extranjeros, no se quiere dejar ese aspecto en saco roto.
Entre otros muchos aspectos, también se quiere dar luz verde a que, para suscribir un acuerdo, no haya que ser un profesional de la agricultura y basta con tener capacidad para contratar. Una superficie puede estar sometida a varios pactos de arrendamiento en función de la explotación de cada uno de los recursos que puedan ofrecer en una campaña. Es igualmente importante el deseo de eliminar los derechos actuales de tanteo y retracto. Todo, desde la perspectiva de dar movilidad a la tierra y eliminar todo lo que puedan suponer trabas o cortapisas a la libertad del mercado.
Los alquileres rústicos constituyen uno de los aspectos más importantes de la política agraria y su regulación es un aspecto clave para el desarrollo de las producciones. Sobre una superficie dedicada a los cultivos de unos 26 millones de hectáreas, según los datos manejados por la Administración, se estima que, al menos, una tercera parte de esas tierras se labran bajo algunas de las fórmulas de arrendamiento o aparcería.
En las últimas fechas han surgido las primeras críticas desde alguna organización ante esta propuesta, sobre todo en lo que afecta al período mínimo de alquiler. La pregunta sería, ¿qué es mejor, cinco años para que muchos no arrienden o dos dando la posibilidad de un pacto entre las partes para no fijar techo de años?
