Un optimismo tan desmedido como injustificado a la vista de los nulos resultados obtenidos fue lo único que salió de la esperada reunión que ayer mantuvieron, un día más, sindicatos, gobierno y patronal en su intento por consensuar una reforma de las pensiones.
En suma, por más que el líder de UGT, Cándido Méndez había dicho por la mañana que la cita iba a resultar «trascendente», nada nuevo hay que reseñar, salvo las esperanzas que todos dicen depositar en el diálogo.
Así, el Gobierno, CEOE, Cepyme, CCOO y la Unión General de Trabajadores expresaron su intención de continuar «e intensificar» las conversaciones sobre distintas materias sociolaborales, incorporando en lo sucesivo a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, a las que quieren hacer copartícipes.
En un comunicado dado a conocer a última hora de la tarde, los interlocutores explicaron que la discusión se produjo sobre la reforma de las pensiones, la laboral y de la negociación colectiva, así como sobre las políticas activas de empleo, sin que, no obstante, se avanzara lo más mínimo en ninguno de tales frentes.
En cualquier caso, se mantiene como fecha límite para un acuerdo el 20 de marzo, tal y como estipula el texto de la reforma laboral, ya que a partir de esa fecha el Gobierno decidirá unilateralmente.
En todo caso, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el endurecimiento de las condiciones que propone ahora el Ejecutivo para los despidos colectivos por causas económicas no supone cambiar el «espíritu» de la reforma laboral y rechazó las «lecturas» y que apuntan a que el Gobierno ha endurecido la norma para así facilitar el acuerdo con los agentes sociales en el ámbito de la jubilación.
Desde la otra orilla política el encargado de Política Regional y Municipal del PP y ex ministro de Trabajo, Javier Arenas, mostró sus «serias dudas» acerca de que «mezclar» la reforma laboral con las pensiones, lo que, a su juicio, está haciendo el Ejecutivo central, suponga «un buen camino».
