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Ganaderos y agricultores temen el efecto del veto ruso a su producción

por Redacción
12 de agosto de 2014
Imagen de archivo del interior de una explotación de porcino de la provincia de Segovia. / El Adelantado

Imagen de archivo del interior de una explotación de porcino de la provincia de Segovia. / El Adelantado

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La decisión de Rusia de vetar durante un año las exportaciones agroalimentarias procedentes de los países que adoptaron sanciones contra Moscú por su papel en la crisis ucraniana, entre ellos España, ha provocado desiguales reacciones entre el sector agrícola y ganadero de la provincia.

El director general de Anprogapor, el segoviano, Miguel Ángel Higuera, asegura que los productores de porcino se verán afectados. “No será de forma directa porque las restricciones ya las teníamos por la peste porcina que tienen algunos países europeos. Sin embargo, el problema vendrá porque al dejar de vender a Rusia otros países como Estados Unidos, habrá mayor competencia en los mercados y eso incidirá en las exportaciones españolas”.

Menos preocupados están en UCCL, cuyos responsables dieron ayer una rueda de prensa y se refirieron a este asunto. Según dijeron el veto ruso a las frutas y hortalizas no conllevará un impacto significativo en el sector provincial. El coordinador de UCCL en Segovia, Juan Manuel Palomares, y el técnico Óscar Herrero explicaron que la previsión es que las restricciones de Rusia afecten a hortícolas, frutas y algunos sectores cárnicos del país, pero no estiman que en la provincia segoviana ese veto vaya a afectar demasiado. Al respecto recordaron también que los productos como el cerdo ya tienen problemas para entrar en Rusia desde hace cuatro años por los «bandazos» de Putin, de ahí que se haya tenido que buscar otros mercados.

De cualquier forma, Palomares destacó en declaraciones recogidas por Europa Press que en el último año el sector porcino de la provincia segoviana ha obtenido buenos resultados, lo que a su juicio demuestra que no ha sido relevante la influencia de las decisiones del país ruso. La organización señaló no obstante que, sin el veto de Rusia, existen productos como la zanahoria, la patata o el ajo que se encuentran en situación «dramática».

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) a nivel nacional, Pedro Barato, insistió en la importancia de tomar medidas «urgentes». Asimismo, destacó el compromiso del Ministerio de estudiar las propuestas que le vayan enviando las organizaciones agrarias hasta el jueves.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, valoró el «compromiso de reconocimiento del problema real». Asimismo, aseguró que la experiencia de las medidas adoptadas con la crisis de la e-coli fueron «muy positivas». «Esperemos que se puedan tomar medidas de ese tipo», añadió.

Mientras, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, coincidió en pedir medidas de choque urgentes y ha asegurado que «un problema político no puede poner en jaque al sector».

El director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de frutas y hortalizas (Fepex), Jose María Pozancos, ha resaltado la necesidad de «reequilibrar el mercado y adoptar medidas urgentes».

De acuerdo con las cifras oficiales de comercio exterior, entre enero y mayo de este año, Segovia realizó nueve operaciones de venta a Rusia de legumbres, hortalizas y tubérculos preparados o en conserva por valor de 172.820 euros. Más importante fue la cifra de ventas de productos como el vídrio, que exportó a aquel país por valor de más de 700.000 euros en los cinco primeros meses del año.

Mientras tanto, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció ayer lunes que va a pedir a la Comisión Europea (CE) en el Comité de Gestión que se celebrará el próximo jueves en Bruselas que retire producción del mercado, a ser posible de manera retroactiva, para evitar «en la medida de lo posible cualquier perturbación del mercado». Señaló que la retirada debe ser financiada a través del fondo de gestión de crisis que se aprobó en la última reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

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