El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León presentó una Proposición no de Ley, que se debatirá en el pleno de de mañana y el miércoles, en la que expresa su respaldo al modelo vigente de gestión del IRPF de interés social.
Asimismo en el texto, según informa el PP, se insta a la Junta a que traslade a su vez al Gobierno de España la demanda “de continuidad y estabilidad” de este mecanismo, “adoptando las iniciativas y las decisiones que permitan su mantenimiento”.
Sugiere, además, la introducción de los cambios que lo refuercen mediante la mejora de los mecanismos de participación de las comunidades en la asignación de estos recursos, “salvaguardando sus notas distintivas de participación fiscal, gestión global, finalidad social y colaboración cívica a través de las organizaciones sociales”.
“Desde hace casi tres décadas, existe en España un mecanismo fiscal que permite la participación y decisión ciudadanas en la aplicación finalista de parte de los ingresos tributarios a la satisfacción de necesidades sociales”, recuerdan las mismas fuentes antes de puntualizar que ese 0,7 por ciento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de interés social “se ha revelado útil y valioso” para financiar proyectos de carácter social llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales, que participan en una convocatoria pública en la que se resuelven sobre las iniciativas más merecedoras de apoyo.
A su juicio, la validez del modelo queda acreditada también “por el aumento constante, año a año, de la recaudación obtenida, derivado del mayor número de contribuyentes que marcan en su declaración de la renta la llamada ‘X solidaria’ que denota el creciente respaldo ciudadano a este dispositivo fiscal con finalidad social”.
La gestión global por parte de la Administración central, con participación en el proceso de las Comunidades Autónomas, es “el mecanismo más apropiado y deseable” por cuanto permite el equilibrio y la solidaridad interterritoriales, aunque el PP no excluye que se profundice en la mejora de los mecanismos que fortalezcan el papel de las comunidades “en el proceso de asignación de estos recursos” y de los programas que se desarrollan en sus territorios.
El PP defenderá el mantenimiento del modelo vigente sin perjuicio de las sentencias del Tribunal Constitucional que apuntan a la inadecuación de las órdenes de bases de subvenciones al régimen competencial de las distintas administraciones.
